Si se piensa bien y con cierta lógica e imparcialidad, en el determi­nado caso de que un secuestrador llegara –más allá de sus objeti­vos– a pensar en la práctica del secues­tro como un fin político o fines, al fin y al cabo, pecuniarios (ya que implica en general un “canje” crematístico con enun­ciamiento político), estamos ante un caso de absurdo en que un individuo, grupo, banda o “ejército” con poderes absolu­tos se autoproclama juez y condena a una persona o más a la cárcel en las peores condiciones posibles en contra de los más elementales derechos humanos. A su vez, condena a otra persona adicional a pagar para otorgarle su rescate. Como se puede ver más allá de los altisonantes discursos revolucionarios, lo que tenemos es un dis­curso reaccionario que atenta contra los más elementales derechos humanos con­sagrados –mínimamente– desde la Revo­lución francesa, por no ir más lejos.

Es decir, los autoproclamados revolucio­narios atrasan por lo menos siglos. Eso, considerando los derechos ajenos, ya que una vez detenidos y procesados, en el caso de que así suceda, de inmediato son los primerísimos en proclamar los derechos que echaron abajo la cárcel de La Basti­lla para ponerse bajo la protección de los “burgueses” derechos humanos y exigir garantías.

El caso de Arrom y Martí es más que ilustrativo: atropellaron todos los dere­chos de los demás para llevar a cabo un secuestro con pedido de un rescate mul­timillonario. Fracasado el operativo, los “revolucionarios” y sus acólitos dejaron automáticamente de ser revolucionarios y solicitaron la protección y el amparo de los derechos en el Brasil para seguir dis­frutando de los derechos que ellos nega­ron a sus víctimas, violándolos sin pie­dad ni contemplación. Es decir que estos autoproclamados revolucionarios, ade­más de atrasar siglos en materia de dere­chos para los demás, siempre y cuando sea para enjuiciar a sus “correligionarios” no les importan los abusos que hayan cometido y rápidamente recurren a los derechos “burgueses” que ellos mismos han negado, sin contemplaciones, sin pie­dad, sin el mínimo respeto a ley alguna, ni siquiera las más elementales normas de humanidad.

Así hicieron cuando, debido a su mezcla de ambición y de torpeza, tuvieron que salir rajando del país con ayuda de ino­centes y otros tantos defensores de dere­chos humanos, dependiendo del “color” con que se mire. Dependiendo de la ley que ellos dictan de acuerdo al caso. Es decir que, siempre que les convenga, se proclama la ley “burguesa” para los ami­gos y la ley propia “revolucionaria” para los enemigos.

El mismo pensamiento de la dictadura que, al parecer, sigue vigente para “los correligionarios” que nunca cometen delitos, ya que ellos son los jueces supre­mos.

Es decir que se juzga y se condena a alguien a criterio de los secuestradores. Ya que ellos mismos se declararan jueces y verdugos para enjuiciar sin juicio previo ni derecho a la defensa, que vendrían a ser dos de los puntales de la democracia en pro de los derechos humanos.

Para ellos, por lo visto, ellos son los úni­cos humanos. Los demás, ciudadanos de segunda, sin derechos ni garantías.