Esta semana va a ser particular­mente decisiva para la suerte de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, los prófugos de la Justicia paraguaya que se encuentran bajo condición de refugiados en el Brasil, estatus del que gozan desde hace más de una década en el vecino país.

Se espera que esta semana el Comité Nacio­nal para los Refugiados (Conare), un órgano que se encuentra bajo autoridad y competen­cia del Ministerio de Justicia, se expida sobre el pedido realizado por la Cancillería para­guaya sobre revertir la condición de refugia­dos de estos prófugos. Para ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó de nuevo las pruebas del vínculo entre estos tres pró­fugos con el caso del secuestro de María Edith Bordón, ocurrido a finales del 2001, pruebas que vienen presentándose a tra­vés de distintos gobiernos y que nunca han tenido eco en las autoridades del vecino país.

La suerte de Arrom y Martí, principalmente, ambos ex integrantes del partido Patria Libre, empezó a definirse la semana pasada con sendos y duros reveses ante instancias jurisdiccionales.

El primero de ellos, el más fuerte, provino desde la ciudad de San José, Costa Rica, donde se encuentra la sede de la Corte Inte­ramericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que no halló responsabilidad del Estado paraguayo en los actos de privación forzada y torturas que alegaron Arrom y Martí para demandar a Paraguay por una millonaria suma ante la instancia continental.

Asimismo, ya casi al finalizar la semana, también en Brasil el Supremo Tribunal Federal, el máximo órgano judicial del vecino país, rechazó el hábeas corpus plan­teado por los abogados de los prófugos, en una decisión que –naturalmente– está influenciada por el fallo de la Corte IDH.

Con estos funestos antecedentes, con apenas un par de días de diferencia entre uno y otro, la suerte de Arrom y Martí está echada y que la reunión de los integrantes del Conare esta misma semana es apenas un mero trámite para finiquitar lo que se preveía desde el 1 de enero pasado, mucho antes de los fallos judiciales.

La llegada al poder de Jair Bolsonaro como presidente de los brasileños supuso proba­blemente el golpe de gracia para el sueño de los prófugos de continuar con su vida apa­cible y tranquila en el interior del Brasil. Pero el cambio de signo político en el Palacio de Planalto trastocaría definitivamente la intención de los paraguayos.

Al tener directa intervención en un órgano que se encuentra bajo competencia de su ministro de Justicia, Sergio Moro, el recor­dado juez del caso Lava Jato, proceso que terminó tumbando y encarcelando a varios políticos de peso en el Brasil como el propio Luiz Inácio Lula da Silva, es con toda seguri­dad un hecho prácticamente consumado que Arrom, Martí y Colmán serán extraditados al Paraguay. Solo faltaría la firma.

El discurso de Bolsonaro ha sido firme, el del combate frontal contra todo aquello que represente a ideologías de izquierda y está convencido de que el estatus de refugiados otorgado a los paraguayos fue posible sola­mente porque había una afinidad ideológica entre estos y el gobierno de entonces (el de Lula da Silva), lo que permitió que se obvia­ran aspectos tan básicos y trascendentales como que Arrom, Martí y Colmán estaban procesados en Paraguay por el secuestro de María Edith Bordón.

Los reveses judiciales de la semana pasada servirían de base jurídica para el Conare, si es que busca algún tipo de justificación. Pero lo cierto es que desde el punto de vista polí­tico –un aspecto que cada vez más tiene rele­vancia en esta clase de asuntos de carácter bilateral– hace bastante tiempo la cosa está definida.

¿Qué sucederá luego? Si se cumplen las pre­rrogativas de la ley, los tres deberán ser enviados a Paraguay y puestos a disposición de la Justicia, que podrá –si no hay alguna sorpresa de último momento– juzgarlos por fin 16 años después del delito del que se los acusa.