A inicios de esta semana, el minis­tro de la Secretaría Nacional Anti­drogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, se refirió acerca de un tema que se presta para el debate. Dejó abierta la posi­bilidad de legalizar la marihuana, o lo que vale decir, abrir la puerta al uso recreativo del cannabis, una discusión de larga data y que ahora vuelve a cobrar vigencia a par­tir de las expresiones del funcionario del Gobierno.

No cabe duda de que la intención que busca el ministro es preservar a los ciudadanos y su libertad de poder optar por el consumo de marihuana, pero el análisis y el debate van mucho más allá. Incluso excede su ámbito natural que es de la salud pública para extenderse a otros aspectos como la economía o la seguridad en lo que hace al narcotráfico.

Hay que decirlo. Uno de los mayores flage­los de nuestros países en América Latina, lamentablemente, han sido las organiza­ciones delictivas dedicadas al tráfico de estupefacientes, que con su actuar cri­minal han provocado enorme daño en la frontera.

Acabar con estas organizaciones ha sido siempre la misión de los organismos de seguridad, así como de las alianzas sur­gidas para neutralizar el crimen trans­nacional.

La legalización de la marihuana, o su uso recreativo, podría ser una de las vías para acabar con ese enorme poder económico y delictivo del narcotráfico; otro elemento que podría sumarse como un beneficio es que el microtráfico o el tráfico a pequeña escala tendería a desaparecer. No hay que soslayar que el tráfico al menudeo es un gran generador de violencia, especial­mente en los barrios y zonas más vulnera­bles de las ciudades.

A pesar de que estos “beneficios” son alcanzables, ¿es realmente aplicable esta liberación tal como cree el ministro Giuzzio que sucederá en el futuro en nues­tro país?

Para algunos menos optimistas esta vía libre para el uso recreativo del cannabis es inoportuna o simplemente es un “popu­lismo” al que algunos quieren apelar.

Entre los primeros, entre los que creen que es inoportuno, se encuentra por ejemplo el ex ministro de la Senad Hugo Vera, quien se muestra contrario a esta idea por varias razones.

Uno de sus argumentos es que en Paraguay el comercio de estupefacientes no se limita solamente a la marihuana. De hecho, la marihuana es una de las drogas con menos “salida” en el mercado interno, donde existe una gran variedad de drogas que se comercian. El principal producto, por­que genera “mejores rendimientos”, sigue siendo la cocaína.

Asimismo, considera inoportuno porque justamente esta semana los gobiernos de Paraguay, Argentina y Brasil han renovado sus alianzas para fomentar la lucha fron­tal contra los narcotraficantes, según dijo Vera. Sostiene, con justificada razón, que cualquier debate sobre este aspecto debe ser consensuado a nivel nacional y se deben analizar los efectos a nivel regional, puesto que se ha generado una responsabilidad compartida entre las naciones vecinas en el combate a las drogas.

Otras posiciones en contra indican que el nivel de formalidad del Estado como órgano de control está absolutamente per­meado por la corrupción y que, partiendo de esa base, resultaría una ficción creer que el Gobierno pueda regular el uso recreativo del cannabis.

La experiencia uruguaya ha tenido resul­tados contradictorios. Por un lado, sí ha tenido una disminución del mercado de las drogas de parte los narcotraficantes, pero por otra parte aumentó la tensión entre las bandas que ahora se disputan los cada vez menos clientes.

Resulta innegable que las experiencias en otros países pueden servir, principalmente en lo que atañe a que el mercado ilegal se reduce o directamente desaparece, pero hay que enfocarse en los proyectos exitosos y que la iniciativa que parta desde el Estado reúna el consenso necesario para su abor­daje integral.