Nuevos datos que se van cono­ciendo a medida que transcurren los días están demostrando que la situación económica del país es de cuidado y que no se puede seguir espe­rando pasivamente. Obliga a adoptar deci­siones drásticas y a tomar determinaciones más valientes para encarar la recuperación con posibilidades de éxito. Una de ellas es reconocer la realidad actual, hacer un diag­nóstico urgente de la situación y comenzar a actuar con la mayor energía y rapidez posi­ble. En ello el papel protagónico del Estado es ineludible por su función de rector de la conducción del país.

Los pronósticos sobre el desempeño eco­nómico son ahora menos optimistas que a comienzos de año y obligan a abordar en serio el tema. Los números que se conocen no son ocurrencia de algunos pesimistas, sino que reflejan hechos reales. La estima­ción del crecimiento es menor a la que se había proyectado con anterioridad y estu­dios realizados por el grupo Desarrollo en Democracia (Dende) indican que el Para­guay verá crecer su economía en solo 1,9% este año, muy por debajo del crecimiento del 3,2% que había previsto el Banco Central del Paraguay (BCP). Otros analistas lo están situando en alrededor del 2%.

Otros datos indican que en el primer cuatri­mestre del año la desocupación aumentó a 6,9% del 5,6% en el último cuatrimestre del 2018. Los indicadores revelan que las ventas han declinado en 16,6%.

La actual desaceleración económica ha afec­tado hasta al Estado, pues sus recaudacio­nes impositivas del primer cuatrimestre no están en los niveles requeridos, lo que le está obligando a modificar su estrategia de gastos, según voceros de Hacienda. Aun­que los niveles de aumento de lo recaudado por la Subsecretaría de Estado de Tributa­ción (SET) son aceptables, la caída de las percepciones en la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) hace que el promedio gene­ral de ingresos esté por debajo de las pre­visiones presupuestarias. Este hecho está impactando en el fisco, donde ya se está comenzando a analizar nuevas medidas para afrontar con menos dinero los reque­rimientos presupuestarios del año. Por eso en Hacienda ya se está hablando de poner un tope a los gastos presupuestarios, como ya se ha hecho en años anteriores. Como no se pueden recortar ciertos gastos sociales e inversiones, se habla de limitar las eroga­ciones superfluas como la adquisición de vehículos y equipamiento y la asignación de viáticos, entre otras. Si no se llega a poner los topes, se reasignarán las partidas pre­supuestarias sacando dinero de lo menos importante para direccionarlo a los gastos de mayor relevancia.

Lo importante es que el Ministerio de Hacienda admite que está afectado por las menores recaudaciones y desde julio utili­zará la tijera para cortar lo prescindible y afrontar solo lo más importante. A eso se debe, entre otras urgencias, el gran inte­rés del Gobierno en que la ley de reforma tributaria que se estudia ahora en el Con­greso apruebe aumentos en varios impues­tos sobre el consumo para así aumentar sus recaudaciones. No le importa que las alzas impositivas puedan afectar el desempeño de los actores económicos, que se oponen a cualquier carga tributaria más sobre la que ya están pagando.

En esta emergencia la responsabilidad que tiene el Gobierno Nacional es vital, pues es el que tiene entre manos las decisiones más importantes para salir del aprieto. Ya ha cometido el error de no reaccionar a tiempo cuando la desaceleración de la economía era todavía escasa y se hubiera podido salvar con medidas oportunas. Esa experiencia le debe servir de lección para actuar en adelante con más acierto.

El propio presidente de la República ha reco­nocido que estamos mal y que el Estado tiene que aumentar fuertemente sus inver­siones. Ahora se ha visto, aunque con retraso, que tanto el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) como el de Urbanismo y Vivienda están tratando de apurar las licitaciones de obras que tienen a su cargo.

La estrategia del Gobierno debe centrarse ahora en recuperar el tiempo perdido, acele­rar el comienzo de las obras de infraestruc­tura y viviendas y aumentar por todos los medios las inversiones que puedan movili­zar la economía. Debe aprender que la tar­danza en actuar tiene un precio que ya esta­mos pagando y que no hay más tiempo que perder.