Uno de los más serios problemas de funcionamiento que tiene el Gobierno es que a menos de tres meses de cumplir un año en funciones, la realización de obras y la ejecución de su presupuesto para inversiones de relevancia dejan mucho que desear. Por diversos motivos, la administración actual no ha logrado mover todavía la estructura económica para dinamizar la vida del país en un momento muy delicado que está signado por la caída de la producción, el comercio y la industria.

Los entendidos señalan que la actual situación solo se puede remediar con un fuerte impulso de las obras públicas y el aumento significativo de las inversiones del Estado en la realización de proyectos económicos. Esto, sin considerar que las obras de un gobierno son la mejor señal de su capacidad de trabajo.

Según una reciente evaluación realizada por el Ministerio de Hacienda, al término del primer cuatrimestre el porcentaje de ejecución presupuestaria del Gobierno ha llegado solo al 21%, cuando tendría que estar en el 33% por tratarse del primer tercio de los 12 meses del año. Lo más llamativo es que los únicos ministerios que tienen más alto nivel de ejecución son los que solo erogan en salarios y gastos corrientes, en tanto que los organismos que menos han ejecutado su presupuesto son aquellos que deben hacer inversiones para la realización de obras físicas. Así se tiene que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el más importante por su caudal de fondos para construir obras, solo ha ejecutado el 19% de su presupuesto, que incluye salarios. El segundo organismo del Ejecutivo que más obras realiza, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), hasta abril solo había ejecutado en forma efectiva el 12% de sus gastos. En la lista de organismos con escaso porcentaje de realización se encuentra la Ande, con apenas el 9% de inversiones, lo que es preocupante porque es el organismo público no ministerial que más presupuesto tiene para la realización de obras.

La inquietud por la baja ejecución presupuestaria de los organismos del Estado se hace más fuerte porque el escaso nivel de inversiones detectado no se debe a la falta de recursos monetarios, porque los niveles de recaudación del Estado son normales. Además, con la colocación de bonos del Estado por valor de 500 millones de dólares este año se tienen asegurados los fondos que se requieren para los proyectos en ejecución.

La cartera fiscal ha señalado que de los 500 millones de dólares obtenidos este año por la colocación de los bonos soberanos, el 51,4% se destinará a realizar obras, pues 248 millones de dólares corresponden al MOPC para sus inversiones, en tanto que 9 millones de dólares para la cartera de Urbanismo.

Con los recursos de los bonos, el MOPC financiará doce obras viales de gran importancia como las costaneras cercanas a la capital y rutas del interior del país, además de la construcción de las penitenciarías de Emboscada y Ciudad del Este, a las que se deben sumar las viviendas sociales que prevé levantar el MUVH.

Ante la situación de que están finiquitados los proyectos y se cuenta con los recursos financieros, se impone la pregunta inevitable: si hay dinero para las obras, ¿por qué el Gobierno no las está ejecutando? ¿Qué problema impide a los ministerios y organismos estatales hacer las obras que están previstas y tienen financiamiento?

Ante la situación planteada, la respuesta es obvia: el Gobierno y sus unidades ejecutoras de proyectos no están funcionando como deberían. No tienen capacidad para realizar obras y poner en marcha los planes que están listos y cuentan con recursos para su ejecución.

Se sabe que tradicionalmente el Estado y sus dependencias son una gran máquina de impedir, que su burocracia es indolente, que su capacidad de realización suele ser lenta. Pero para eso está el jefe, el presidente de la República, quien tiene que picanear a los organismos y personas a desprenderse de su modorra y comenzar a actuar con prontitud. Las urgencias del país son importantes y no pueden soportar la ineptitud de los entes estatales ni la falta de idoneidad de los incompetentes.