Luego del vergonzoso escándalo protagonizado por el tan mentado Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave), encabezado por un general retirado que dirigía las operaciones mafiosas, el Gobierno presentó el nuevo organismo que se encargará de la tarea de combatir el contrabando. Se trata de la Coordinación Operativa de Investigación Aduanera (COIA), que estará dirigida por un civil con experiencia bancaria y especialista en investigación de lavado de dinero, cuya tarea se centrará en la aplicación de informaciones de inteligencia con tecnología de última generación.
La apuesta realizada por el Gobierno en la creación del nuevo organismo pone el acento en desarticular la rosca aduanera que manejaba el Detave y trazar una nueva estrategia con gente que no está contaminada con el virus vinculado a Aduanas. Se hizo una gran barrida y el 80% del personal del ex Detave fue puesto a disposición de Recursos Humanos de Aduanas y solo se dejó el 20% para cuestiones administrativas.
El funcionario encargado de la COIA explicó que se realizarán cambios sustantivos en la modalidad de trabajo, pues se dejarán de usar los puestos fijos de vigilancia que eran conocidos y eludidos por los contrabandistas. Con el nuevo sistema se pondrán controles móviles y se enfatizará en trabajos de inteligencia, monitoreando los puntos de entradas irregulares de mercaderías y controlando también los puestos aduaneros de la frontera. Se insistirá en la aplicación de tecnología de la información con audios y videos de los procedimientos de control para que nada quede al azar. Con estos procedimientos se quiere alcanzar el máximo de transparencia en las operaciones de control aduanero, que antes era uno de los puntos del sistema donde se daba lugar a las coimas, de acuerdo con las investigaciones.
Ahora se ha desmantelado el organismo, como primera medida de saneamiento y se apuesta por un nuevo esquema de inteligencia y de control del ilícito que para bien del país necesitamos que funcione como corresponde. Pero no hay que cometer la ingenuidad de esperar que todo sea maravilla porque el factor humano es fundamental y está visto que los intereses económicos en juego son tan elevados que pueden conmover hasta a las personas más íntegras.
Uno de los graves problemas que sufre el Paraguay es que un porcentaje cercano al 40% de su actividad económica está en negro, no tributa, no tiene ningún control fiscal y forma parte de la marginalidad. El tamaño de este delito económico es de tal envergadura que gran parte de las carencias presupuestarias se solucionarían si se eliminara el contrabando, se entrara en la formalidad y pagara sus impuestos como hace la otra parte del sistema económico.
El principal sostenedor de esta irregularidad es el delito del contrabando, que consiste en el ingreso de mercaderías del exterior sin el control estatal y sin aportar los derechos fiscales que corresponden, por lo que solo se pueden comercializar en negro en los comercios que actúan al margen de la ley.
El contrabando y la economía informal que alimenta es probablemente uno de los peores problemas que atraviesa desde siempre la vida institucional del país porque fomenta el delito, roba al Estado y contribuye a la pobreza crónica de organismos que deben invertir en la sociedad. Aparte de ser un sistema que riñe con la ley y que como todo delito debe ser debidamente castigado.
El desmantelamiento del Detave es un acierto, pues era una parte de la vergonzosa estructura de corrupción. Pero la creación del nuevo organismo es una apuesta que podrá funcionar solamente en la medida en que el Estado y sus instituciones se esfuercen por cumplir y hacer cumplir la ley castigando a los corruptos.