En el Congreso de la Nación está actual­mente en tratamiento un proyecto de ley que en su concepción, al menos eso dicen sus proyectistas, busca favore­cer a la ciudadanía. Se trata del proyecto sobre la reducción de la tarifa de electricidad, que se denomina “Ñane energía”, que en la Cámara de Diputados tuvo ya media sanción, no sin una importante oposición de legisladores que no acompañan –por razones diversas– esta inicia­tiva.

Se decía que el proyecto propiamente busca favorecer al usuario, en especial a aquellos per­tenecientes a los sectores más vulnerables de la población. Esta normativa en estudio y que fue aprobada en la Cámara Baja propone en el punto más importante la reducción de la tarifa de la Ande y, además, consagrar la energía eléctrica como un derecho humano. Un componente más que esencial es el que tiene que ver con los fon­dos (puesto que para lograr la reducción alguien tiene que pagar) y allí intervienen las binacio­nales Yacyretá e Itaipú con sus considerables y nada despreciables recursos, que aportarán en concepto de gasto social. Hasta allí la teoría parece una idea fantástica.

Pero a la par surgen otros inconvenientes que, analizados, hacen difícil su viabilidad por los reparos en la ejecución, al menos del modo en que la ciudadanía –directa beneficiada– lo espera.

Uno de los inconvenientes más notorios, en pri­mer lugar, tiene que ver con el aspecto técnico. Desde la Administración Nacional de Electrici­dad (Ande) ya han advertido de esta situación, incluso en voz de su propio presidente, Pedro Ferreira, quien señaló las dificultades que se dan para poder lograrlo. Mencionó, por ejemplo, que para realizar un efectivo control que suponga una justa medida del consumo y para reali­zar los cobros respectivos es necesario cam­biar los medidores que hoy se utilizan. Es decir, hay que modernizar los aparatos y reemplazar estos equipos (que lógicamente deberá hacerse luego de un largo proceso licitatorio) por los nue­vos dispositivos. Este proceso de actualización puede llevar, en el mejor de los casos y con buena voluntad de la empresa estatal, por lo menos tres años.

Este es un aspecto sensible. Clave. Se trata de la esencia misma de la norma: el precio de la ener­gía o de los descuentos. Tiene que ver con las finanzas, la pública y la del usuario, para que haya equilibrio.

Además del aspecto técnico (que incluye tam­bién la logística, que es todo un problema aparte, en sí mismo), otro inconveniente que se plantea es la norma misma, puesto que el proyecto apro­bado en Diputados dispone que el monto a des­contar por cada rango de consumo es una deci­sión que debe tomar el Gobierno de turno. Este aspecto también violaría el principio de igualdad en razón de que puede ser empleado como una herramienta política.

O como bien lo advertía el legislador colorado Basilio “Bachi” Núñez, el proyecto raya el popu­lismo y es peligroso, puesto que no se conoce el alcance real de una iniciativa que podría causar perjuicios a la Ande.

Así como en Diputados hay conciencia sobre la necesidad de crear una ley equilibrada, también en la Cámara de Senadores existen parlamen­tarios que sostienen que se debe legislar sobre una iniciativa que sea aplicable, que sea gradual y conforme a la infraestructura con la que está preparada hoy la Ande, además de llevar a cabo el proceso de forma escalonada y no de manera abrupta.

Mirando solo algunos aspectos desfavorables de esta ley, resulta hasta si se quiere sensato plan­tear una alternativa, como bien se analiza entre los legisladores de Honor Colorado, que ya anun­ciaron que presentarán en un par de semanas más otro proyecto que busca reducir los costos de la energía eléctrica, aunque sin caer en per­juicios para el erario público y que beneficie, a la par, a los consumidores.

Para responder a la pregunta que plantea el título de este editorial, y por lo expuesto hasta aquí, que es apenas una revisión imperfecta del proyecto presentado y aprobado, se puede dedu­cir que el costo para ejecutarlo es altísimo. Ojalá que la propuesta que se pueda presentar en los próximos días esté acorde –en igualdad de pro­porción al menos– tanto con lo que beneficia al Estado como al pueblo.