El vergonzoso esquema de actua­ción de los funcionarios del Detave que tenían que controlar el contrabando y que formaban parte del esquema de soborno que le daba aliento al delito es un ejemplo vivo de la más escandalosa corrupción en el Estado. A medida que se vayan profundizando las investigaciones se irán conociendo más detalles del sistema de descomposición montado en el organismo público y que forma parte de la podredumbre generali­zada que afecta también al sector privado, porque el soborno no existiría si no exis­tiera el que da la coima y el que la recibe, para provecho de ambos.

Los investigadores señalaron que el esquema operativo que se había montado nada menos que en el Departamento Téc­nico Aduanero de Vigilancia Especializada, tal el pomposo nombre del Detave, pro­viene desde el comienzo de este gobierno, cuando se renovó la organización poniendo a su cabeza nada menos que a un general del Ejército que había tenido la máxima res­ponsabilidad del combate contra los gue­rrilleros del Norte, como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

Destacaron que el máximo responsable de este organismo aduanero, quien también estaba a cargo de la Coordinación Opera­tiva de Investigación Aduanera (COIA), era el líder indiscutido de la banda. Pues coordinaba el esquema organizado y dedi­cado al cobro de grandes sumas de dinero a los contrabandistas para hacer la vista gorda al ingreso de mercaderías prohibi­das y dar protección a su circulación en el área comercial. En algunos casos incluso simulaban ejercer los controles que corres­ponde para encubrir de ese modo su actua­ción ilícita.

El escrito de los fiscales revela que las sumas de dinero eran recibidas por fun­cionarios aduaneros y policías integrantes del grupo para dejar pasar las mercaderías violando de este modo las disposiciones legales que prohíben o regulan la impor­tación de tales productos. El dinero iba a parar finalmente a las manos del jefe militar, que era el depositario oficial. El reparto de la plata de la coima que se hacía entre los funcionarios corruptos se reali­zaba en sobres o a través de giros de empre­sas de telefonía celular a cada uno de los que había tomado parte de las operaciones.

Este es sin duda el más grave hecho de corrupción institucional de los últimos tiempos y muestra con detalles uno de los más vergonzosos esquemas de envileci­miento. La coima a funcionarios para dejar pasar el contrabando no es nueva. Es una institución bien arraigada en las trastien­das del comercio fronterizo. Pero en esta ocasión ha alcanzado un grado tan opro­bioso al involucrar a las máximas autorida­des de control y al mostrar el grado de con­taminación que rebasa todo cálculo.

El caso del Detave no es, ni debe ser, una anécdota más en la historia del delito. Debe ser el punto de partida para que el Estado realice una profunda depuración de los cuadros aduaneros y funcionarios de la frontera. Debe identificar a todas las personas que se enriquecen mediante el vil esquema del cohecho y debe exigirles demostrar el origen de su riqueza. Tiene que encargar a la Justicia que investigue los casos de dudoso enriquecimiento para demostrar el delito y dar los castigos que corresponden. Ya no hay que aceptar que los funcionarios se enriquezcan mediante la perversión de las instituciones y que­den disfrutando del fruto del ilícito como si nada.

También se debe identificar a los impor­tadores y otros empresarios que operan el contrabando y realizan los sobornos para castigarlos con la cárcel como estable­cen las leyes. Los contrabandistas deben recibir todos los castigos que correspon­dan. La sanción no solo debe ser de índole carcelaria sino que también deben pagar los impuestos que adeudan y sus multas correspondientes para resarcir al fisco del perjuicio ocasionado.

Lo acontecido debe servir al Gobierno para actuar con la mayor fuerza posible a fin de achicar y eliminar el contrabando, hacer desaparecer el bastión de los ilícitos que es la informalidad y lograr que a través de la Justicia se castigue de manera ejemplar a los delincuentes, tanto los que coimean como los que son coimeados. En nuestro país, la eliminación del contrabando es fun­damental y debe ser encarada con patrio­tismo usando la fuerza de la ley e incluso el empleo de las armas para eliminar a uno de los más fieros enemigos de la patria.