Comenzó el quinto mes del año y el proyecto de ley de la reforma tributa­ria anunciado ya el año pasado por el Poder Ejecutivo que presentaría en marzo todavía no ha sido enviado al Congreso. La tardanza se debe principalmente a que el Gobierno quiere primero acordar una alianza con el sector privado sobre algunos puntos del proyecto para que pueda tener un rápido anda­miento en el Poder Legislativo y sea aceptado por la ciudadanía. Pero el problema de fondo sigue siendo el mismo: El Ejecutivo quiere aumentar las tasas del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y crear otros tributos ahora inexistentes para recaudar más y así hacer frente a su creciente incremento de gastos. Esta postura no es aceptada por el sector pri­vado teniendo en cuenta la actual situación de enfriamiento de la economía y sobre todo por­que aumentarán los precios de varios produc­tos de consumo que así tendrán una desventaja aún mayor frente a los artículos ingresados de contrabando y que circulan en la ilegalidad.

Luego de varias semanas de conversaciones entre los representantes del Gobierno, los del sector pri­vado y técnicos de la comisión tributaria que estu­dia el proyecto, parece que al final se llegaría a una suerte de acuerdo: Aparentemente, los empresa­rios aceptarían una suba pequeña de las tasas de impuestos, que no se aplicarían inmediatamente sino más adelante, cuando la economía mejore y así no se sientan mucho sus efectos.

Las pretensiones iniciales del Gobierno de las fuertes alzas de algunos tributos no caminan, por lo que se habla de atenuarlas para que puedan ser aceptadas.

El proyecto inicial del Gobierno pretende elevar la tasa del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) en 59% a los tabacos y cigarrillos, en 33% a las bebi­das gaseosas, en 100% a las bebidas azucaradas, en 66,6% a las cervezas, en 63,6% para vinos espu­mantes, en 81,8% a whiskys y bebidas similares. También crea un impuesto del 10% para la com­pra de autos usados y nuevos, para motocicletas, para aeronaves y embarcaciones. El selectivo al consumo para lavavajillas, lavarropas y teléfonos celulares se incrementa en 200%. Esto aparte de la readecuación de otros impuestos ya existentes como el de la renta para empresas, entre otros.

El Poder Ejecutivo ya sabe que los aumentos que quiere imponer en el proyecto de reforma son ampliamente rechazados y ahora se estaría avi­niendo a mantenerlos, pero en tasas ínfimas. Es el sector privado el que tiene ahora la palabra y en lo que resta de esta semana entregaría su propuesta final al Gobierno, para que este la estudie, a ver si se puede llegar a una propuesta consensuada y así presentar al Poder Legislativo el documento final. Hasta que se presente el documento del sector privado con las propuestas de miniaumentos que se podría conocer este jueves, no se puede saber el grado de conveniencia que tendrá para el país.

Pero una cosa es cierta, ningún aumento de impuesto, por pequeño que sea, será bienvenido por la ciudadanía que es la que finalmente deberá pagarlo porque el ISC es un tributo que lo carga solamente el consumidor final, sin posibilidad de devolución ni retorno, como es el caso del IVA. Y cualquier 1 por ciento de incremento es un golpe al presupuesto del ciudadano común y un espal­darazo a los productos de contrabando que serán aún más baratos para circular sin control, como ocurre hasta ahora. No es oportuno ni adecuado cualquier tipo de incremento, por ínfimo que sea, de los tributos al consumo que paga la gente que opera en la legalidad, porque es un incentivo más para migrar hacia donde es más barato, es decir, la informalidad.

Lo que tiene que hacer urgentemente el Gobierno, si quiere más fondos, es perseguir el contrabando con todas sus fuerzas y hacer que los evasores paguen sus tributos, que se amplíe la base tribu­taria y de ese modo rindan más las recaudaciones, no por aumentos impositivos sino por la eficiencia del aparato recaudador.

Esto además de que tiene que hacer una urgente cirugía en la administración de los fondos públi­cos para gastar menos en asuntos superfluos y así incrementar sus inversiones. Sin estas condicio­nes, cualquier aumento de impuesto es un engaño y un golpe aleve para la ciudadanía.