Uno de los flancos débiles que ha tenido nuestra joven como endeble democracia, iniciada hace 30 años, es su pobre sistema de elección. Bajo la excusa del caudillismo, aquel que lo dirige el cacique partidario, han accedido al Congreso nacional personajes absolutamente nefastos, algunos de ellos asociados a hechos ilícitos o procesados por la Justicia. Ni hablar de la defi­ciente preparación académica (o ausencia de ella) o de un mínimo castellano de “figuras” que han sido objeto del seguimiento mediático por su opaca gestión o por cometer hechos punibles.

De 1989 a esta parte muy pocos avances se han dado en materia electoral y se recuerda, por ejemplo, para destacar la enmienda que posi­bilitó que los paraguayos residentes en el exte­rior pudieran emitir sufragio desde su lugar de residencia.

Los escasos avances llevados a cabo no han tenido el más mínimo interés, real o genuino, de los partidos políticos, porque las razones nunca fueron favorecer las expectativas ciuda­danas, sino satisfacer sus propios beneficios; nunca, en absoluto, han pensado en los intere­ses de la ciudadanía.

Esta deliberada intención de los “caciques”, que han actuado como un sindicato de mezquinos, ha impedido que en todos estos años los mejo­res hombres y mujeres del país accedan a servir a la patria, sea por hastío, sea por desencanto o por desinterés.

El acaparamiento o la centralización de esta corporación se ha traducido en una pobre, pobrísima, calidad de la representación parla­mentaria, que hoy es cuestionada y despierta la vergüenza o la indignación del común de los paraguayos.

Naturalmente, al tener los partidos políticos semejante dominio de bloquear toda inicia­tiva que permita el control ciudadano sobre sus mandatarios es hasta lógico que cada empuje que no haya tenido el respaldo ciudadano (o de ese “otro poder” que es la prensa) haya fraca­sado estrepitosamente.

Algunas veces ha sido por esos intereses atávi­cos de la clase política y otras veces por restric­ciones propias de la ley.

Hoy, nuestro Código Electoral no contempla herramientas tan extendidas en otras legis­laciones y que empoderan verdaderamente al elector, como el balotaje o elecciones de segunda ronda, la revocatoria de mandato o las elecciones de mitad de período presidencial, que permiten al común tener un mayor control sobre los elegidos.

Precisamente, esta semana a través de una ini­ciativa legislativa se aprobó en general el men­tado proyecto de desbloqueo de las listas sábana o candidaturas plurinominales. Lo ideal, por supuesto, es una lista abierta, uninominal y por distritos electorales. Pero esto no es posible hoy por restricciones que impone la Constitución Nacional de 1992.

Este desbloqueo todavía está en verse de qué manera va a realizarse. Con toda seguridad implicará un componente tecnológico y otra vía tradicional. Esa simbiosis puede tener efectos positivos. Pero esa no es la discusión hoy.

Hoy, lo positivo sin dudas pasa por la aproba­ción de este mecanismo –que es el único que hoy permite nuestra Carta Magna–, que va a facultar al votante escoger, tanto en las prima­rias como en las generales, ubicar en mejor posi­ción al candidato de su preferencia.

Es verdad. Es un mínimo, tímido avance, pero un paso mínimo que era necesario darlo, de cara a otras iniciativas que reconozcan el impe­rio y la autoridad que reside en el pueblo, que es la de escoger a sus mejores hombres para la administración de la República.

Los cambios trascendentales son paulatinos, consensuados, se debaten y se interpelan. Salvo que estas transformaciones provengan por la vía de los sables, el diálogo que pueden cons­truir hoy los partidos políticos mirando al futuro es fundamental para aliviar así su debi­litada imagen ante la sociedad y, de paso, depu­rarse y evitar su propia extinción.

Aunque tímido, este pasito necesario sirve para ir pensando en más conquistas.