Esta semana será crucial para redon­dear criterios entre el sector público y el privado con miras al proyecto de reforma tributaria. Los gremios más importantes están procurando una reunión con las autoridades del Ministerio de Hacienda para ponerse de acuerdo en algunos temas bási­cos como las tasas de los tributos y las deduc­ciones del impuesto a la renta.

El Gobierno, que quiere aumentar los impues­tos, está suavizando su estrategia y habla de blindar las recaudaciones que estén por encima de ciertos niveles para que esos fondos solo puedan utilizarse en la salud y la educación. Pero esta salida no convence al sector privado teniendo en cuenta que el Estado siempre se ha destacado por despilfarrar los fondos pre­sionado por la política y la clientela partida­ria. Considera que sería un supremo acto de ingenuidad aceptar el cuento del blindaje para admitir la suba de las tasas del Impuesto Selec­tivo al Consumo (ISC) que van a castigar seria­mente la comercialización de varios artículos.

Si bien los más diversos sectores empresaria­les están en contra del alza de algunos impues­tos, la estrategia de los gremios privados ado­lece de algunos defectos a la hora de presentar un frente común. Los que se oponen categóri­camente a que se eleven los impuestos y que lo han hecho saber con toda energía son los vincu­lados a la actividad comercial, como la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), la Cámara de Centros Comerciales, la Unión de Gremios de Producción (UGP), el Centro de Importadores del Paraguay (CIP). Y en todos los casos han tenido unanimidad en la exigen­cia de que el Estado regule sus gastos y que pri­mero deje de despilfarrar para hablar de cual­quier posibilidad de reforma tributaria.

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El principal argumento esgrimido por los empresarios que se oponen al aumento de los impuestos es que el país está en una situación de desaceleración económica y que elevar los tributos hará que empeore aún más la situa­ción. Esto sobre todo teniendo en cuenta que el contrabando está siendo picaneado por los bajos precios de los productos que ingresan de Argentina y Brasil ante la casi nula actuación de las autoridades para frenar ese ilícito.

La economía informal, que no tributa y hace competencia desleal a los negocios legales, se estima que está en alrededor del 40% de la economía del país; por lo que ciertos sectores empresariales consideran inmoral hablar de cualquier aumento de impuestos a los negocios que están operando en la legalidad, porque es castigar a los que cumplen con la ley e incenti­var a los infractores, que van a tener más venta­jas aún para seguir en su tarea ilegal. La Unión de Gremios de la Producción y el Centro de Importadores del Paraguay han salido a reite­rar la necesidad de mejorar el gasto público y controlar la rendición de cuentas de los distin­tos organismos del Estado.

También han pedido aumentar fuertemente las inversiones del Estado en infraestructura y en los servicios públicos para que el dinero que se recauda de los impuestos se utilice de la mejor manera. Otro de los puntos en los que han insistido es en controlar la evasión fiscal, que tiene dimensiones astronómicas, antes que en castigar de nuevo a los sectores que ya están contribuyendo con sus tributos.

Otra preocupación del sector privado es que, al margen de los acuerdos a que se puedan llegar con el Ministerio de Hacienda en la estructura­ción impositiva, en último término se depende de los legisladores. Y en ese campo el panorama no está muy claro porque hay un sector de la oposición que a toda costa quiere los aumentos impositivos, como ha demostrado en los últi­mos meses del año pasado. Y está la bancada de partidarios del Poder Ejecutivo, la de Colorado Añetete, que va a obedecer las instrucciones del Gobierno que está interesado en incrementar los tributos.

Si bien la batalla inicial del sector privado es ahora con el Ministerio de Hacienda, la pelea decisiva se dará en las cámaras del Congreso donde no siempre se han dado muestras de sobriedad a la hora de contener los gastos y tampoco indicios de prudencia cuando se trata de aumentar los impuestos.

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