La primera gran batalla que tendrá el Gobierno desde que asumió en agosto pasado será realizar la reforma tri­butaria aumentando los impuestos que afectan al consumo y poniendo más carga sobre los contribuyentes en otras actividades que hoy no están gravadas. Esto sobre todo por el momento que está atravesando la econo­mía nacional, con señales claras de retracción y el temor del sector productivo de que con el impuestazo se empeore la situación.

El Gobierno necesita imperiosamente más fon­dos, que solo pueden provenir de las recauda­ciones impositivas porque no es capaz de aho­rrar en gastos corrientes para aprovechar mejor el dinero. Y dentro de su lógica, conseguir más recursos subiendo la carga en los tributos es su única e inevitable salida para afrontar los serios compromisos que tiene. Se puede afirmar, entonces, que con la aplicación del impuestazo está jugando su propia existencia.

Por eso, con la promesa de hacer la tan ansiada reforma tributaria y el buen marketing que tiene esa idea en la mente de la ciudadanía, está preparando los aumentos impositivos como quien no quiere la cosa. En términos prácticos, al Gobierno no le interesan mucho las modifica­ciones tributarias que se están preparando para unificar algunos impuestos y ordenar el sistema impositivo, sino fundamentalmente incremen­tar los tributos para poder recaudar más. Su propósito es obtener más recaudaciones tribu­tarias para tener mayor cantidad de recursos y así poder gastar más.

Hace dos semanas se conocieron las tasas que el Ejecutivo quiere aumentar en el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y la creación de nue­vos tributos, con lo que quedaron al descubierto las verdaderas motivaciones del Gobierno. Esa revelación motivó la reacción de los que se verán más afectados.

El sector empresario cuestiona ahora en forma unánime esta política del Gobierno porque al percatarse del nivel de los aumentos en las tasas ha descubierto que su anunciada reforma tri­butaria no es tal, sino solo un pretexto para aumentar los impuestos.

Como ha dicho acertadamente la Cámara de Centros Comerciales, el debate de la reforma tributaria, antes que ser reforma, se convirtió más bien en la intención de subir impuestos.

Los argumentos para rechazar las alzas tri­butarias son varios. Entre los principales está que la economía del país se está frenando, que el consumo ha caído y no repunta, y que con los aumentos se castigará más todavía a los comercios legales que tienen que lidiar con los productos ingresados de contrabando, que van a tener precios más ventajosos aún. Sos­tienen los gremios que antes que castigar, lo que el Gobierno debe hacer es estimular el consumo, facilitar al sector privado nacio­nal y extranjero a que aumente las inversio­nes para producir más riquezas y crear nuevos empleos.

Los principales sectores de la economía anun­ciaron que entregarán al Gobierno un docu­mento para expresar su rechazo a las subas tri­butarias y puntualizar posibles salidas.

El dirigente de uno de los gremios señaló que le recordarán al presidente de la República su pro­mesa de no aumentar los impuestos, en vista de lo que se está planteando ahora desde el Poder Ejecutivo. Van a insistir en que este no es el momento para imponerles más tributos a los contribuyentes por la situación económica que se está viviendo.

Han dicho que pondrán un énfasis especial en la calidad del gasto público, pues uno de los principales cuestionamientos que se le hacen al Gobierno es que están subiendo cada vez más las erogaciones estatales en salarios y otros gas­tos corrientes que no reportan utilidad al país y solo se prestan al clientelismo político. Uno de los principales reproches que se le hacen al Eje­cutivo es justamente que quiere aumentar los impuestos para seguir despilfarrando el dinero público.

La reforma tributaria como propuesta para facilitar la contribución ciudadana con un sis­tema impositivo más ordenado y orgánico siempre será bienvenida. Pero no como ocu­rre ahora, que es un pretexto para aplicar un “aumentazo”.