A principios del 2013, de cada 100 gua­raníes que se recibía en el Estado en concepto de recaudaciones tributa­rias, 93 guaraníes iban a los sala­rios públicos. Luego de cinco años de trabajo durante la administración Cartes, en febrero del 2018 se había logrado que de cada 100 gua­raníes recaudados por el fisco se utilizaran para los sueldos de los funcionarios 71 guara­níes.

Lo que quiere decir que mediante la tarea realizada en el quinquenio pasado se logró ahorrar 22 guaraníes de cada 100 recaudados para destinarlos a los gastos de inversión. Se logró una contención de 22 puntos porcentua­les en los gastos que el Estado realiza en sala­rios, que es el principal coste de las erogaciones del Gobierno central, para darles otro destino más útil.

Pero ocurre que las cifras de gastos estatales al último día de febrero de este año indican que hemos tenido un retroceso en la contracción de los gastos fijos, ya que en la administración de Mario Abdo se están gastando en salarios 78 gua­raníes de cada 100 recaudados; o sea, 7 guaraníes más de lo que se había alcanzado en el 2018.

Si no mejoran sustancialmente las recaudacio­nes, de cada 100 guaraníes recaudados por el fisco se continuará usando más dinero para los sueldos públicos en desmedro del aumento de las inversiones. Y de ese modo desandaremos un camino que trabajosamente ha hecho la adminis­tración pública en los últimos años.

A eso se debe el extraordinario interés que está demostrando este gobierno en la reforma tri­butaria, que la está concibiendo más como ins­trumento del aumento de tasas impositivas y creación de nuevos tributos que en la mejora de la justicia tributaria. Lo malo es que las autori­dades quieren disponer de más dinero no por el ahorro que vayan a hacer en sus gastos, sino por el incremento de la carga impositiva para los con­tribuyentes.

Eso está demostrado en lo que proyectan por los aumentos en las tasas de algunos impuestos que ya se cobran y por la creación de cinco nuevos tributos que no existían. En el Impuesto Selec­tivo al Consumo, el Gobierno propone aumen­tar la tasa que se cobra a la adquisición de ciertos productos desde un 59%, en el caso del tabaco, hasta un incremento del 200% en la compra de los aparatos celulares. Aparte de esto pretende crear cinco nuevos impuestos a los autos usados y nuevos, a las motocicletas, a las aeronaves, a las embarcaciones, con una tasa del 10% sobre su valor.

En otras palabras, el Gobierno está preparando la reforma tributaria con el principal propósito de aumentar los impuestos que ya se pagan y de crear cinco nuevos tributos, los que serán nuevas cargas para los que ya están contribuyendo con el fisco.

No se ha escuchado decir a la gente del Poder Ejecutivo que tomará medidas drásticas para hacer que casi el 40% de la economía que está en negro comience a tributar y a perseguir con mejores resultados al contrabando y a la infor­malidad. Por eso se puede pensar que todo el peso de la nueva carga que está preparando ten­drán que soportarlo nuevamente los mismos de siempre.

Y lo que más se cuestiona es que no se nota en el Gobierno el interés de disminuir sus gastos fijos para que haya más dinero para inversiones. El ejemplo de eso es lo que se ha vivido reciente­mente cuando se supo que más de 2.000 funcio­narios privilegiados obtuvieron fuertes aumen­tos en sus salarios para este año y lo que se ha visto en la Cámara de Diputados, donde los paniaguados de los mandamases de turno están embolsillando importantes incrementos en sus honorarios.

En los hechos prácticos, el Estado, llámese Poder Ejecutivo o Legislativo, no está demostrando el propósito de gastar menos en salarios y sí está queriendo aumentar los impuestos. El Gobierno tiene que rectificar esta actitud porque no puede seguir abusando de los contribuyentes para sus propósitos políticos.