Mientras el Poder Ejecutivo quiere realizar la reforma tributaria para aumentar las tasas de algu­nos impuestos y crear otros para incrementar sus ingresos, el sector privado se opone a la iniciativa porque tendrá que pagar más tributos sin que el Estado administre mejor los mayores recursos que recibirá.

Como al sector privado le queda muy claro que el Estado solo quiere más recaudaciones y no le interesa gastar menos, puede afirmarse a esta altura de la discusión que será muy difícil que exista un acuerdo entre ambas partes antes de que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto de ley al Congreso.

La idea inicial era que se llevaría al Poder Legislativo un proyecto consensuado de la reforma tributaria entre el Gobierno y el sector privado, como señal de buena voluntad, para que los legisladores lo estudien y aprueben en un plazo breve, teniendo en cuenta el consenso existente.

Pero cuando los gremios empresariales conocie­ron hace dos semanas el texto del proyecto que contiene aumentos de impuestos y la creación de nuevos tributos, la reacción fue negativa.

El tema de fondo es que el Gobierno quiere aumentar la tasa del Impuesto Selectivo al Con­sumo (ISC) a los cigarrillos y tabacos, a las bebi­das gaseosas, las azucaradas, a las cervezas, vinos y demás bebidas alcohólicas en propor­ciones importantes.

Los incrementos de las tasas impositivas son del 59% para el tabaco, 66% para las cervezas, de 81,8% para el whisky, entre los principales. Crea nuevos impuestos con una tasa del 10% para los automóviles, tanto usados como nue­vos, las motocicletas, las aeronaves y las embar­caciones, lo que para el sector privado repre­senta la verdadera intención del Gobierno al hablar de reforma tributaria.

Por eso los empresarios afirman que al Poder Ejecutivo no le interesa mucho la aludida reforma impositiva, sino más bien aprovechar el pretexto de la reacomodación tributaria para crear nuevas obligaciones y aumentar las tasas impositivas del selectivo al consumo. Debido a ello, algunos gremios le están restando apoyo a la iniciativa gubernamental, máxime conside­rando que el Gobierno no está demostrando su voluntad de disminuir los gastos.

El ministro de Hacienda ya señaló claramente en su momento que aun sin consenso con el sec­tor privado, el Poder Ejecutivo enviará el pro­yecto de ley al Congreso, que es lo más probable que ocurra, teniendo en cuenta la posición de los empresarios que se resisten a los aumentos impositivos y a los nuevos tributos.

Pero hay exponentes del sector privado que desean que haya un acuerdo con el Poder Ejecu­tivo porque temen que en las cámaras prospe­ren algunas propuestas más duras como las que se presentaron el año pasado, que si el Ejecutivo no interviene con los legisladores que le respon­den podrían aprobarse. Se trata del proyecto de crear un impuesto a las exportaciones de soja, o de introducir tasas superiores al 50% para los tabacos y bebidas alcohólicas, en cuyo caso la nueva ley sería realmente muy perjudicial.

En el Senado hay señales claras de que los pro­yectistas de estos impuestos excesivos conti­nuarán con sus propósitos apenas se inicien los estudios del proyecto de ley en esa corporación, por lo que la reforma tributaria que se analice en el Congreso servirá de pretexto para que algunos sectores eleven las tasas y creen nuevos impuestos que ahora no existen.

Teniendo en cuenta esta realidad es que algu­nos gremios empresariales creen oportuno mantener buenas relaciones con el Poder Eje­cutivo e iniciar un acercamiento con algunas bancadas de Diputados y Senado para que el proyecto de ley que se estudie en el Congreso no salga de los parámetros de la sensatez y no cas­tigue mucho al sector contribuyente. Sostienen que si hay un diálogo saludable, los componen­tes del Poder Legislativo actuarán con sensatez y prudencia para que el resultado final no sea doloroso.