Uno de los asuntos más delicados para todos los ciudadanos es la salud, en especial en Paraguay, donde existe mucha desigualdad económica, en consecuencia dependen de lo que les pueda brindar el servicio público.Esa desigualdad se traduce dramáticamente en el acceso a los bienes y servicios básicos, que se ve acrecentada en el ámbito de la salud, lo cual se considera criminal.

En las últimas semanas aumentaron las denuncias de las personas sobre el desabastecimiento de los hospitales públicos no solamente en cuanto a medicamentos, sino también en lo que se refiere a equipamientos e, incluso, médicos especialistas.

La semana pasada se daba a conocer que el Programa de Trasplantes Hepáticos del Hospital de Clínicas corre el serio riesgo de no seguir debido a la falta de recursos para continuar con las cirugías. Estos procedimientos son sumamente complejos y de alto costo, y los pacientes generalmente son de escasos recursos. Sobre el punto, el doctor Nelson Arellano había manifestado que lo fundamental en este tipo de programa es que no existan diferencias, todos deben tener el mismo derecho, tiene que existir una equidad para que los pacientes que lo requieran sean trasplantados.

En esa misma semana, pacientes del Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora se quejaron por la falta de medicamentos, aparatos de electrocardiograma y rayos X para adultos. A esta situación se suman, en muchos casos, los maltratos por parte de los funcionarios de blanco a los que son sometidos los pacientes que solo acuden en busca de una solución al mal que les aqueja.

Las quejas y denuncias suman y siguen, ya que el propio director del Hospital Distrital de Hernandarias, doctor Arturo Portillo, declaró que desde que asumieron no hay respuesta a nivel central ni de la Décima Región Sanitaria. Denunció que desde enero se recortó todo el apoyo del Consejo de Salud, ya no cuentan con el personal que estaba a cargo del consejo. Además, dijo que por falta de insumos y personal deben racionalizar el servicio con la conocida consecuencia que ello genera en los pacientes.

Una tarea pendiente del Gobierno es reducir esa desigualdad en el acceso a la salud, que es un derecho ciudadano, y mejorar sustancialmente los servicios. Debe priorizar la implementación de políticas de salud pública y brindar una atención sanitaria de calidad, oportuna y que no dependa de la capacidad de gasto de las personas que acuden a los servicios.

El Gobierno debería poner el ojo en este sector tan sensible y delicado, como lo es la salud. Debe brindar todo lo necesario para que los hospitales y centros de salud cuenten con los recursos adecuados tales como medicamentos, insumos, equipamientos y profesionales de blanco. Para ello se requiere destinar más recursos a este sector. Pero también está obligado a controlar a dónde van y cómo se utilizan.