El microcentro de Asunción se ha convertido últimamente en un pan­demónium por la serie de mani­festaciones de distintos gremios y agrupaciones civiles que protestan exigiendo sus derechos, lo que impide el paso normal y el desenvolvimiento habitual de otros ciudada­nos que llegan a esos lugares para sus propó­sitos cotidianos. Para miles de personas que diariamente deben concurrir a esa zona a rea­lizar su trabajo u otras actividades se ha con­vertido en un verdadero suplicio movilizarse por esos sitios. Los impedimentos y molestias provocados por los manifestantes que exigen el cumplimiento de sus pedidos cercenan el derecho de terceros con la complicidad mani­fiesta de las autoridades que tienen que res­guardar el orden público y no lo hacen.

De ese modo no solo se vulneran los dere­chos de miles de personas pacíficas que deben trabajar para su sustento, sino que se incumplen las normas establecidas para hacer realidad la observancia de las garan­tías constitucionales. Con el agravante de la colaboración de las instituciones y perso­nas que están investidas de autoridad para observar y hacer observar las leyes y que tie­nen la irrenunciable obligación de hacerlo.

La Constitución Nacional en su artículo 32 garantiza la realización de manifestacio­nes pacíficas, sin armas, y con fines lícitos. Dice que por ley se reglamentará su ejerci­cio en lugares de tránsito público, en hora­rios determinados. Y subraya que es para preservar los derechos de terceros y el orden público.

Esta garantía constitucional es la que se reglamentó con la Ley 1.066/97, más cono­cida como “Ley del Marchódromo”, que establece claramente los horarios, lugares y modo en que se harán las manifestaciones pacíficas en Asunción.

En su artículo tercero esta ley dispone que, en la capital, las personas podrán ejercer el derecho de reunirse y de manifestarse pací­ficamente a partir de las 19:00 y hasta las 24:00 en los días laborales. En los domingos y feriados se podrá hacer manifestaciones desde las 6:00 hasta la misma hora del día siguiente.

También establece los lugares donde podrán concentrarse los manifestantes, que son tres plazas céntricas bien delimitadas, y agrega que tales reuniones públicas no podrán sobrepasar las 12 horas continuadas. Pro­híbe las concentraciones de manifestantes frente al Palacio de Gobierno, los cuarteles militares y policiales.

En su artículo 6°, la ley dispone que la Poli­cía Nacional tomará las medidas preventivas para resguardar el orden público, las perso­nas y los bienes de terceros. También debe garantizar el cumplimiento estricto de las normas del orden público por parte de los manifestantes.

En otro de sus artículos la Ley 1.066 dice que ninguna reunión o manifestación pública podrá bloquear puentes, vías férreas ni rutas o caminos públicos, con lo que prohíbe que los manifestantes puedan cerrar calle pública alguna.

Por todo lo establecido en las disposiciones que norman el comportamiento en las reu­niones y desplazamientos públicos puede afirmarse que las manifestaciones y marchas que se están realizando casi diariamente en el centro de Asunción, tal como se están haciendo, son ilegales, en el sentido de que contravienen las leyes. Además, están vio­lando los derechos de terceros y cercenando el orden público como si no pasara nada.

Es que todos los actos de masas que se están realizando en los días hábiles se llevan a cabo fuera del horario de 19:00 a 24:00 fijado por la Ley 1.066/97, pues se hacen en pleno día cuando más tránsito de vehículos y des­plazamiento de personas se producen. Las concentraciones apuntadas se llevan a cabo por más de 12 horas, contra lo fijado por la ley. Con el hecho de ocupar calles y lugares públicos fuera del horario establecido están vulnerando el derecho de terceros y alte­rando el orden público. Al tolerar estos des­manes y permitir el incumplimiento de las disposiciones legales, la Policía Nacional y las autoridades competentes están actuando en contra de la ley y avasallando el orden jurídico.

Ante este grave hecho, el Gobierno, llámese Poder Ejecutivo o Poder Judicial según el caso, no puede permanecer indiferente. Debe poner orden y hacer que se cumplan las leyes. Porque si no lo hace será cómplice de esta perversión que socava gravemente el Estado de derecho y descompone la convi­vencia entre paraguayos.