Una de las principales preocupa­ciones que tienen los adminis­tradores del Estado paraguayo es aumentar los ingresos percibi­dos a través de los impuestos. Por eso, cada tanto plantean una reformulación del sis­tema impositivo para recaudar más y tener recursos para enfrentar sus obligaciones monetarias.

Así, a la formulación del nuevo régimen tributario luego de la caída de la dic­tadura realizada en 1991 con la Ley 125/91 se le agregó una de adecuación bajando las tasas del impuesto a la renta de las empresas cono­cido como Iracis y perfeccionando su apli­cación con la Ley 2.421/04. El éxito de esta reforma impositiva fue tal que las recauda­ciones se incrementaron fuertemente por la mencionada modificación y porque la econo­mía estaba creciendo a buen ritmo.

A esto se debe la convicción de que cuando se hace una reforma tributaria, automáti­camente se incrementan las recaudacio­nes impositivas. Por lo que las autoridades están aguardando que con las reformula­ciones que se hagan ahora, con la nueva ley se puedan aumentar sustancialmente los ingresos del fisco.

No está mal la idea del Gobierno de hacer una reforma impositiva, sobre todo si se tiene como antecedente el propósito de algunos senadores, que el año pasado qui­sieron incrementar las tasas de los impues­tos al alcohol, las bebidas gaseosas y al tabaco, además de crear un tributo a las exportaciones de productos del agro. Eso hubiera sido terriblemente desastroso para el país porque no provenía de un estudio adecuado, sino del simple propósito ideoló­gico de castigar a algunos sectores que los proponentes consideraban privilegiados.

El sector que contribuye con sus impues­tos, el de los empresarios y consumidores en general, pone el acento no en recaudar más para seguir gastando sin control, como hasta ahora. Insiste en la contención de los gastos improductivos, como salarios y otras erogaciones corrientes, que hasta hoy han tenido un crecimiento extraordinario y lle­van la mayor parte de las recaudaciones.

Esta posición parte de la constatación de que cuanto más recauda el Estado por los impuestos y las reformas tributarias más dinero despilfarra en gastos sin utilidad. Porque al fisco no le importa mucho la cali­dad de sus erogaciones, sino satisfacer a la clientela política.

El temor de que esta reforma impositiva que se prepara termine solo en el aumento de los gastos corrientes del Estado no es infundado. En febrero del 2013, de cada 100 guaraníes que se recaudaban 93 guaraníes iban para los sueldos de los funcionarios, cosa que se redujo a 71 guaraníes por cada 100 recaudado en el 2018 mediante la ges­tión del gobierno anterior. Pero en los dos primeros meses de este año, este gobierno ya aumentó en 7 guaraníes de cada 100 el uso de los fondos recaudados gastando 78 guaraníes de cada 100 recaudados, hecho que aumenta los temores de que se siga des­pilfarrando.

Por ello es necesario que cuando se haga la reforma tributaria se establezca tam­bién un mecanismo de contención del gasto público, pues a nada conduce recaudar más si el dinero irá para salarios y no para invertir en el país. Es más, como lo propone la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), no debería plantearse una reforma tributaria si no se incluye la racionalización de los gastos del Estado.

El ministro de Hacienda dijo a la prensa que existe la promesa de realizar trans­formaciones tanto en lo tributario como en los gastos del Estado. Y agregó que se piensa presentar un proyecto de reforma de los gastos basado en la contención de las remuneraciones del personal público, las compras del Estado y la protección social. Manifestó que la pretensión es que tanto la reforma tributaria como la del gasto público se aprueben este año en el Congreso para poder aplicarlas ya el año entrante.

Lo señalado por el secretario de Estado es justamente lo que desea el sector privado, que quiere reasegurar la buena utiliza­ción de los ingresos fiscales. Entonces, el siguiente paso sería que al mismo tiempo que se presente el proyecto de reforma impositiva se estudien también las nor­mas que aseguren un plan de contención del gasto estatal para que no se siga des­pilfarrando el dinero aportado por los contribuyentes.