Causaron escándalo, no sorpresa, los aumentos que recibieron cinco privilegiados funcionarios de la Cámara de Diputados, uno de los cuales pasó a ganar más que lo asignado a cada legislador. Después de la denuncia periodística, el presidente de la cámara anunció que se suspenden las bonificaciones para todos los que las reciben, pero no habló de dejar sin efecto los aumentos de salario. Cuando fue consultado sobre los porqués de los incrementos a los 5 funcionarios, dijo que él nada tenía que ver en la materia.
Lo más llamativo es que el responsable máximo de la institución, el presidente de la cámara, muy cuestionado por sus manejos del dinero estatal en anteriores cargos públicos, el diputado Miguel Cuevas, se lavó la mano echándole la culpa del desaguisado a otra gente.
Se olvidó que, como presidente, es el máximo administrador de la cámara y que no solo debe saber lo que pasa en ella, sino que tiene que responder por las desprolijidades que se cometen con su anuencia o por su culposa tolerancia. Es muy fácil decir que no sabía lo que pasaba para justificar su actitud ante un hecho escandaloso.
Mediante los manejos de amigos y socios en el despilfarro del dinero público, cinco funcionarios de la Cámara de Diputados consiguieron altos aumentos en sus salarios para este año por un valor total de 49,5 millones de guaraníes mensuales. Los aumentos, que ya se cobraron por enero y febrero, van desde el 24% hasta un 232,65% sobre las asignaciones que tenían. El mayor incremento porcentual corresponde al director de Recursos Humanos y el que recibió el mayor monto de asignaciones, por encima incluso del sueldo de un diputado, es el director administrativo, que ocupa el cargo desde que asumió Cuevas como presidente de Diputados.
La investigación periodística demuestra que los incrementos conseguidos por los funcionarios de esa cámara del Legislativo se deben exclusivamente al privilegio que gozan los que tienen padrinos y amigos políticos, quienes suelen articular habitualmente los lamentables regalos prebendarios que se hacen con el dinero público sin ningún control.
Es la más clara muestra de la dispendiosa manera en que muchos organismos del Estado manejan los recursos que se obtienen de los impuestos de los contribuyentes, mediante la politiquería lamentable de la mafia estatal. Resulta la muestra más clara de la deshonestidad de ciertos funcionarios del Estado.
La primera reacción que surge ante la evidencia del hecho es que no se lo puede aceptar bajo ningún pretexto ni explicación. Debe ser rechazado como se rechazan los actos deshonestos.
Es más, este aumento escandaloso y otros similares deben ser denunciados por irregulares y contrarios al buen manejo de la cosa pública. Los administradores del dinero del Estado, quienes son responsables de este acto repudiable, deben ser denunciados políticamente como indecorosos y sinvergüenzas. Y, si cabe, deberían ser incluso denunciados e imputados en el fuero penal por su conducta culposa.
Por consiguiente, lo primero que tienen que hacer las autoridades de la Cámara de Diputados es dejar sin efecto los mencionados aumentos, no solo las bonificaciones como salió a decir Cuevas para esquivar el tema de fondo, y asumir la responsabilidad que implica el haber cometido esta irregularidad con la plata pública porque, aunque se le pueda encontrar cualquier otra calificación semántica, esto es un simple robo.
También hay que señalar que el principal culpable de este lamentable manejo en la Cámara de Diputados es el presidente de la institución porque, al ostentar el más alto cargo en la cámara, es el más importante responsable administrativo del uso del dinero que se le ha asignado.
El diputado Cuevas no puede escudarse en excusas baratas diciendo que no tiene que ver en el incremento porque decir eso es un acto de irresponsabilidad por el cargo que ostenta. Y no solo eso: como presidente de la Cámara de Diputados es el máximo responsable político de lo acontecido. Por ello debe responder como administrador público y cargar la culpa de haber permitido las irregularidades.