En el 2023 se define una gran parte del futuro energético de nuestro país. En ese año, que también coincide con las elecciones generales, el Paraguay debe concluir el diálogo más importante a nivel bilateral con el Brasil: la renegociación del Tratado de Itaipú. Específicamente el Anexo C de ese Tratado, firmado en 1973, en el cual se establecen las condiciones comerciales, económicas y financieras de la entidad.Y aunque existe unanimidad sobre la prioridad que representa esta negociación, al menos así lo han hecho saber autoridades del Gobierno, lo cierto y lo concreto es que todavía no existen una agenda y un itinerario en ninguno de los ámbitos que atañen al nuevo tratado.

En el 2023, la deuda de Itaipú por la construcción de lo que es la mayor productora de energía eléctrica del mundo se termina de pagar. Esto significa una formidable oportunidad para fijar nuevos términos en el Tratado de la binacional como, por ejemplo –ya que no habrá más deuda que abonar–, buscar reducir considerablemente el costo de la energía. Al menos, eso es lo que esperan ambos gobiernos.

La opinión pública y la prensa de los dos países concuerdan en una misma apreciación, aunque a la inversa. Tanto brasileños como paraguayos coincidimos en que el gobierno de nuestros respectivos países carece de esta agenda o, al menos, una hoja de ruta de los términos que van a plantearse cuando los dignatarios empiecen las negociaciones. En Brasil, la prensa local está estremecida por la falta de una hoja de ruta, aunque el próximo 12 de marzo volverán a verse Mario Abdo y Jair Bolsonaro, esta vez en Brasilia, para echar formalmente las bases para el diálogo por Itaipú.

Aunque es un paso importante saber que detrás del equipo negociador de Paraguay estará asesorando el reconocido economista estadounidense Jeffrey Sachs, información confirmada esta semana por el propio Poder Ejecutivo, no cabe duda que el aspecto más importante pasa por conocer a los integrantes de este equipo que irá a defender los altos intereses de la República en las negociaciones, así como los términos del mismo.

A propósito de la reunión Abdo-Bolsonaro, que se efectivizó esta semana en el este del país, se abrió de nuevo el debate sobre la urgencia de prepararnos en todos los ámbitos (jurídico, económico, comercial y político) para confrontar a los brasileños que no se caracterizan precisamente por flojos cuando de sus intereses se trata, de tal suerte a que la discusión provoque acciones o al menos manifestaciones de parte del gobierno central ante el aparente silencio respecto a este tema crucial.

Algunos integrantes del Gabinete manifestaron que este silencio, esta suerte de manejo secreto de la estrategia a plantear, sería beneficioso, ya que Brasil no tendría mucho margen de maniobra al no poder ejercer una contrapropuesta efectivamente. El sigilo, el secretismo, es el peor camino en términos de negociaciones: la estrategia paraguaya debe ser bien clara y con objetivos claros, y cuanto más socializada la misma, cuánto más unanimidad posea esta agenda, más apoyo ciudadano tendrá.

Los paraguayos debemos exigir ante Brasil y ante los organismos que fuere necesario lo que nos corresponde por tratado, que fue firmado hace más de cuatro décadas en términos desfavorables para la República. Es hora que los paraguayos sepamos cuáles van a ser las acciones para reivindicar los derechos que le asisten como copropietario de este fabuloso generador de progreso.

Para el 2023, año en que deben concluir las tratativas, aún falta mucho. Lo que no debe faltar es previsión y firmeza para negociar. Y es el Gobierno el que debe asegurarlo.