El Gobierno acaba de mostrar el ejem­plo más elocuente del desorden admi­nistrativo y la anarquía en el manejo de los intereses públicos con el cariz que está adquiriendo el famoso caso de los aumentazos concedidos por el Congreso a fun­cionarios amigos y correligionarios, a pedido de muchos organismos del Ejecutivo y otros entes del Estado. Cada ministerio u organismo público defiende solo sus criterios egoístas, sin importarles las normas vigentes ni la disciplina que tiene que haber en una administración esta­tal que se precie de equilibrada.

El Ministerio de Hacienda, que intenta poner orden en medio del desarreglo administrativo, parece no tener el respaldo de la más alta auto­ridad política y sigue discutiendo infructuosa­mente con los que llevaron los aumentos y que no piensan retroceder en su intento. Ahora la Secretaría de la Función Pública (SFP), un orga­nismo del Poder Ejecutivo, con una resolución traída de los pelos intenta justificar los incre­mentos con apoyo de los privilegiados que ya se manifestaron públicamente para no largar el zoquete.

Según las estadísticas existen 301.926 emplea­dos públicos en nuestro país. Pero, sin justi­ficación profesional e ignorando los procedi­mientos administrativos y legales, concedieron aumentos a 2.123 privilegiados mediante los contactos políticos y favores a amigos en el Con­greso, sin conocimiento del ordenador de gastos del Estado, que es el Ministerio de Hacienda.

Luego de la protesta inicial de Hacienda, en los primeros días de febrero, en reunión con el pre­sidente de la Comisión Bicameral de Presu­puesto del Congreso, el ministro de esa cartera admitió a regañadientes que el aumento era legal. Un día después, debido a la fuerte pre­sión pública, emitió una resolución por la cual suspendía los pagos de esos incrementos que él mismo había considerado como correctos. Y solicitó a todos los organismos públicos benefi­ciados que, en un plazo determinado, explica­ran y remitieran datos detallados de los aumen­tos a funcionarios de sus dependencias.

El plazo se cumplió el fin de semana y hasta el lunes último menos de la mitad, solo 17 de las 36 enti­dades involucradas, respondieron la requisito­ria de la cartera fiscal. Los que no contestaron no solo incumplieron las normas administra­tivas, sino que ahora se burlan de Hacienda no respondiendo en el plazo estipulado el pedido. Esa es la seriedad de muchos organismos públi­cos que en medio del desorden que hay en esta administración estatal pueden hacer lo que quieran.

El dictamen de la Secretaría de la Función Pública es la guinda que adorna esta caótica torta. Justifica los cuestionados aumentos diciendo que un análisis del ámbito penal indica que no existiría ningún derecho violentado en el cumplimiento de la ley de presupuesto que autoriza los aumentos. Claro, se olvidó de lo que estipulan algunas leyes como la que regula los procesos administrativos para la promoción de los funcionarios, la Ley 1626/00, principal­mente.

Ante este dictamen el titular de la cartera de Hacienda señaló que era esperable la respuesta de la SFP porque los funcionarios de esa secre­taría también se aumentaron los sueldos y son parte interesada en el asunto. Cuestionó la pos­tura de este organismo que fue creado justa­mente para poner orden entre los empleados del Estado y no para multiplicar el caos.

En otras palabras, ya están enfrentados públi­camente los exponentes del Poder Ejecutivo para resaltar aún más la falta de equilibrio entre los organismos del Gobierno.

La administración de Mario Abdo Benítez está dando con esto un lamentable ejemplo de con­ducción ante la ciudadanía que está expectante. Porque resalta la carencia de orden administra­tivo, que en último término pagan los contribu­yentes, debido a los aumentazos solicitados por los mismos organismos del Poder Ejecutivo que requieren un freno de la máxima autoridad.

El pueblo paraguayo no tiene por qué pagar los favores que hacen algunos funcionarios a su clientela para alimentar a sus correligionarios y operadores políticos dejando de lado los genui­nos intereses del país. El Presidente debe poner orden en el Poder Ejecutivo y mostrar que es capaz de hacer una gestión equilibrada como la que necesita la nación.