Los empresarios que dirigen comercios legales y supermercados del país están preocupados porque las compras siguen alicaídas debido al menor consumo y sobre todo al auge de los negocios informales alimentados por el contrabando y la evasión, que les hacen una competencia desleal. Por eso insisten en que las autoridades nacionales deben combatir fuertemente a los comercios informales y hacer que los marginales paguen sus impuestos para que recaude más el Estado y haya más y mejores puestos de trabajo legales.
El gremio de los supermercados sostiene que la informalidad comercial es muy fuerte y que está alentada por el ingreso de mercaderías de contrabando y el escaso control estatal en la materia. La irregularidad aumentó debido a los bajos precios de los productos argentinos que ingresan sin control y se comercializan en despensas y comercios informales.
Voceros de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) indicaron que últimamente gran parte del comercio se canaliza en la informalidad, lo que hace difícil la situación de los comercios legales, pues se suma el hecho del menor poder adquisitivo que tiene la gente. Refirieron que los productos ingresados de contrabando se venden hasta en las calles sin que las autoridades pertinentes hagan el control que corresponde, con lo que, en vez de reprimir, se alienta al comercio irregular.
Señalaron que es muy grande la cantidad de personas que tienen comercios irregulares, que no pagan nada de impuesto y que contratan incluso a gente a la que no pagan el salario mínimo ni le inscriben en el seguro social obligatorio. Uno de los directivos de la Capasu insistió que con los bajos índices educativos que hay en el país, la informalidad crea un círculo vicioso que se retroalimenta para tener una clientela asegurada en el mundo de la irregularidad. Recordó que, según estimaciones de algunos estudios realizados en la materia, se cree que la economía subterránea es en nuestro país de alrededor de 12.000 millones de dólares al año, que para algunos es una cifra inferior a la real debido al tamaño de la informalidad existente.
Conociendo lo que es la realidad del país, a nadie le sorprende mucho esas cifras porque hasta el menos informado sabe que la informalidad es el gran cáncer que afecta a la sociedad, tanto que en muchos lugares la excepción es la legalidad.
Teniendo en cuenta la gran magnitud de la informalidad, resulta difícil de entender por qué las instituciones y las autoridades encargadas no se ocupan con más fuerza de luchar contra este mal por todos los medios para castigar a los informales, llevarlos a la legalidad y hacer que tributen como establecen las leyes. Viendo la pobre lucha contra este delito, se puede afirmar que el Estado y sus instituciones no solo son cómplices de los evasores, sino que también son sus sostenedores porque su comportamiento y su omisión culposa son el caldo de cultivo de esta anormalidad.
Por eso hay que señalar con energía esta grave situación y reclamar a los responsables que de una vez por todas se pongan a combatir con todos los medios posibles la evasión sin contemplaciones de ninguna laya. Porque la evasión y el contrabando son delitos, y a los delitos no hay por qué darles respiro.
Ahora que el Gobierno habla de hacer una reforma tributaria, es el momento de decirle que el Ministerio de Hacienda y sus dependencias especializadas tienen que ser reforzados con más y mejores equipos de personas e instrumentos técnicos especializados para controlar el cumplimiento de las leyes, perseguir a los evasores y hacer que la informalidad vaya desapareciendo.
Las dependencias encargadas del control fiscal son muy débiles y tienen escasas dotaciones de fiscalizadores. El equipo de Jeroviaha, que se encarga de identificar y castigar a los comercios ilegales, tiene que ser potenciado con mayor cantidad de personas para que los agentes de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) puedan estar en todas las ciudades, recorriendo los barrios y multiplicando su tarea fiscalizadora.
La evasión, el contrabando, la informalidad que campean alegremente hoy deben ser perseguidos en una guerra sin cuartel para que el Paraguay no siga siendo el campeón de las irregularidades.