Los aumentos “mau” que había denunciado el Ministerio de Hacienda que había dado el Congreso a 2.123 funcionarios, sin concurso alguno ni llenando otros requisitos exigidos para las alzas de sueldos, fueron calificados el martes como correctos por las autoridades, aunque ahora intentan suspenderlo. Y lo que la cartera fiscal había calificado primeramente de perversos porque eran aumentos obtenidos bajo la mesa en gestiones personales con los congresistas, sin intervención de Hacienda, resultaron todo lo contrario, y, finalmente terminó aceptándolos sin chistar. Esto es lo que se desprende de las explicaciones dadas ante la prensa el martes último por el responsable de la cartera fiscal, junto con el presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso. Aunque finalmente, por resolución, el Ministerio de Hacienda decidió ayer, miércoles, suspender el pago de esos aumentos.
Lo que quedó claro en todo esto, a pesar de las marchas y contramarchas de la cartera fiscal, es que hay un tremendo caos dentro del Poder Ejecutivo, porque la mayor parte de los aumentos cuestionados pertenecen a dependencias de ese poder del Estado, que no tuvieron en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Hacienda, que es el ordenador de gastos, y realizaron y obtuvieron sus aumentos sin conocimiento de los responsables administrativos del Ejecutivo.
Esto es lo que se desprende de la observación de la lista de los beneficiarios y lo que confirman las palabras del presidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto. El legislador atribuyó la responsabilidad de los aumentos cuestionados al Poder Ejecutivo, señalando que gran parte de las subas concedidas se debió a que los propios ministros que rodean al Presidente de la República son los que fueron a las cámaras del Legislativo a realizar las gestiones con sus amigos políticos para conseguir los aumentos. Expresiones que dejaron mal parados a los responsables del Ministerio de Hacienda que habían cuestionado inicialmente los incrementos salariales y, en último término, al propio titular del Ejecutivo, que no ha sabido poner orden en las filas de sus colaboradores inmediatos.
Mirando la lista de organismos públicos cuyos empleados recibieron las subas salariales en discusión se observa que los más beneficiados son los ministerios y secretarías que forman parte del Ejecutivo, lo que confirma lo aseverado por el legislador. Así, del total de 36 instituciones, 24 pertenecen a organismos del Poder Ejecutivo y el resto son entes autónomos, autárquicos, empresas públicas y el Legislativo.
Teniendo en cuenta el número de funcionarios beneficiados, se tiene que de los 2.123 que recibieron los aumentos mencionados, 1.319 pertenecen al Poder Ejecutivo, es decir el 62,1% del total, lo que confirma que la mayor parte de las alzas salariales que había denunciado inicialmente el Ministerio de Hacienda corresponde a instituciones que dependen directamente de la Presidencia de la República.
Esto habla del gran desorden administrativo que reina en el seno del Poder Ejecutivo, pues mientras el ordenador de gastos, Hacienda, quiere controlar las erogaciones para que no cunda el caos en el manejo del dinero público, otros ministerios, con todo desparpajo actúan directamente para boicotear esa intención y poner por delante sus intereses por encima de los del Estado.
Lo acontecido con el aumentazo de los funcionarios privilegiados revela no solo una penosa falta de coordinación entre los ministerios, sino un peligroso relajo administrativo que puede poner en peligro la estabilidad del Ejecutivo, si no se toman medidas.
¿Para qué está el Equipo Económico Nacional, que incluye a las principales carteras, si no va a analizar y autorizar los aumentos? ¿Para qué sirve el Consejo de Ministros, que está presidido por el propio presidente de la República, si en su seno no se van a estudiar las subas salariales?
El Ministerio de Hacienda, mediante una resolución, intenta suspender ahora el pago de esos aumentos, aunque el ministro había reconocido su legalidad en la conferencia de prensa del martes. Ahora la duda que salta es si una resolución ministerial puede suspender los efectos de una ley, como la ley de presupuesto vigente que establece el aumento. Como se ve, una muestra más del gran desorden del Gobierno y la poca seriedad que muestra el Ejecutivo.