Cotejando los salarios pagados en enero último en el Estado con los vigentes en el 2018 se ha encontrado que numerosos ministerios, entidades públicas y entes descentralizados fijaron aumentos para sus empleados a espaldas del administrador de gastos, que es el Ministerio de Hacienda. No solo consiguieron tales incrementos salariales mediante la actuación de los legisladores que incluyeron tales incrementos salariales probablemente como parte de las prebendas políticas a que están acostumbrados, sino que alteraron el orden establecido en los gastos para no aumentar el déficit fiscal. Tales mayores erogaciones que deberá hacer el Gobierno no solo no estaban previstas en el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo al Congreso, sino que se hicieron sin contemplar las normas establecidas para tales incrementos, como los concursos a que deben ser sometidos los funcionarios que van a ser promovidos o recibir incrementos. Va contra la buena administración de los recursos del Estado y la disciplina que debe primar en la administración pública.

Son 36 las instituciones públicas que aumentaron los salarios a 2.123 funcionarios, sin la venia de Hacienda, contrariando la buena práctica y las normas, con la complicidad de los legisladores. Lo peor de todo es que la mayor porción de las alzas no fue para entes autárquicos o empresas públicas, sino que el 62,1%, la mayor parte de los aumentos, fue para ministerios y organismos del Poder Ejecutivo, que suele ser el encargado de poner disciplina en los gastos. El 31,6% de los incrementos fue para empleados de entes autónomos. Y el resto fue para el Poder Legislativo y algunas empresas públicas.

El ministerio que a mayor cantidad de funcionarios otorgó el aumento es el de Salud Pública, con 537 beneficiarios, seguido por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, con 376 y Presidencia de la República, con 165 funcionarios. Con lo que queda demostrado que, en el Poder Ejecutivo, incluso en organismos muy cercanos al presidente de la República, es donde anida la mayor indisciplina presupuestaria, cuando debiera ser todo lo contrario.

La mayoría de los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) reaccionó contra los incrementos salariales selectivos por el aumento para 84 privilegiados de esa cartera. Para protestar contra lo que consideran una injusticia proyectan un paro para el 28 de febrero e incluso piden la renuncia del ministro Denis Lichi.

Lo que demuestra este hecho irregular es que la mayoría de los organismos del Estado no está dispuesta a cumplir las normas que rigen para el presupuesto y la administración de gastos. Por eso han actuado contra el pedido de los responsables de la conducción económica del Estado en connivencia con los políticos acostumbrados a otorgar favores a sus amigos.

También es un claro ejemplo de que los organismos públicos, con o sin permiso, están dispuestos siempre a gastar más los recursos del Estado en erogaciones corrientes que tienen como único resultado empobrecer las arcas públicas en provecho de una onerosa población improductiva.

Por eso los responsables de la conducción económica del Gobierno deben tomar las medidas necesarias para revertir la situación y poner orden en sus filas, para que el caos administrativo y financiero no termine echando por tierra el orden relativo que se ha conseguido en esa materia.

Por lo demás, queda en pie la necesidad muchas veces apuntada de que el Estado debe disminuir sus gastos corrientes y aumentar las inversiones a favor del país. Cosa que con el hecho que nos ocupa será muy difícil de conseguir porque está demostrado que en las propias entrañas estatales está el virus del desorden administrativo y las ansias desmesuradas de desenfreno.

Con el desorden y la indisciplina demostrados en esta ocasión no habrá aumento de impuestos ni incrementos de ingresos que puedan satisfacer la angurria del Estado y a los que viven de sus favores.