No le costó mucho al tribunal “garan­tista” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) poner en evidencia, a su pesar, a los criminales procesados y fugados por el secues­tro de María Edith Bordón de Debernardi, y es que es absurdo el reclamo de los cien millones de dólares de “reparación” a los secuestradores autoproclamados “víctimas” de un secuestro, cuando la única información seria al respecto es que ellos fueron los secuestradores y la víctima fue la única que sufrió el abuso de la pérdida de libertad por parte de dos politiquillos “izquier­distas” de poca monta que hasta serían desca­lificados incluso por sus propios correligiona­rios.

Ya que cobraron la millonaria suma por el rescate, que es la única evidencia del embarrado caso, tampoco se les puede considerar muy en serio a sus únicos defensores, sus parientes cer­canos, ya que el tema familiar también tenía un bochornoso, no precisamente de parte de la víc­tima, sino de los victimarios, trasfondo fami­liar hasta el punto de que no faltó la alusión a un asunto “entre familia” que hace que los secues­tradores hayan sentado un precedente, al menos regional, de secuestrar a una pariente.

Los hoy demandantes, tras un escandalete confuso con el coro de sus parientes, que fueron hasta hoy los únicos jueces que dictaminaron que hubo otro secuestro, el de los secuestradores que simple­mente con el hecho de declararse víctimas hicie­ron olvidar a los que quisieron en nombre de los derechos humanos que ellos eran los victima­rios de un secuestro que no tiene lugar a nin­guna duda.

De esta manera se mantuvieron en la impunidad del correligionariato, que no es solo patrimonio de los políticos nacionales, sino que sirvió para que la izquierda amiga les otorgase un “amparo” vacacional mientras estaba en el poder, idilio que solo se ha terminado con la posi­bilidad de que Brasil dejara de ampararlos con el cambio de mandamases en el gobierno.

Es solo y exclusivamente por esa razón que el dúo decidió buscar otro escudo protector en la Corte “garantista” con el libreto del cuestio­nado y desprestigiado “Zafa Zafa Zafaroni”, experto en hacer zafar de culpas y penas a los delincuentes que, en este caso, al parecer han tenido la astucia de no dar la cara y dejar la tarea a sus pares.

El quid de la cuestión es que la cosa se puso un tanto fulera con el pesadísimo chiste de los cien millones de dólares.

Sería, será o seriola el primer caso registrado en la historia en que los delincuentes no solo son amparados por la “justicia”, llamémosla así, sino que son premiados con otra multimillona­ria suma a costa de un país.

Y más escandalosamente aun cuando se habla de una… llamémosla pena, multa, estafa o robo, una sanción “simbólica”, lo que no suena solo a ridículo, prácticamente una tomadura de pelo judicial con alevosía y premeditación de burla.

Más que simbólicos, los cien millones de verdes suenan a “combólicos”; es decir, a bola, a men­tira, a estafa, a mofa a un país, a sus institucio­nes y a sus habitantes.

Con cierta elegancia, la fiscala general para­guaya calificó el bulo de “fantasía”, aunque hay que destacarlo, de la peor calidad, salvo para quienes quieran creerla por razones de inte­reses políticos que la han convertido verdade­ramente en realidad, pues ha servido para que dos procesados por uno de los peores delitos contra las personas, “el secuestro” de su liber­tad, garantizada desde el inicio como principio fundamental por la democracia, libertad, igual­dad y fraternidad, porque al parecer muchos parecen haberlo olvidado al convertirlo en un “delito político”, justificable siempre y cuando perjudique a los adversarios y beneficie a los “contreras”; todo es según el color político del delincuente de que se trata.

Es injustamente lo que ha pasado en este ridículo espectáculo de politiquería barata. Y, valga la repetición, porque el hecho de que la causa se haya puesto de nuevo en el tapete no es para hacer justicia, sino para garantizar la impunidad amenazada de los protegidos no por haber sido violentados por el Estado paraguayo, sino porque se fugaron tras cometer el horro­roso delito contra la libertad, protegidos por razones políticas.

El desenlace se va a dilucidar con el fallo que no será para establecer la ley violentada, sino para medir el grado de impunidad al que se puede lle­gar cuando priman los intereses político-parti­darios, aunque, más exactos, son sectarios.