En los últimos meses, el ejercicio de la política ha tenido en Paraguay un desvío pernicioso y nocivo que tiene que ver con la deplorable práctica de tomar represalias contra el enemigo coyuntural.
Esta perversa práctica es perniciosa, puesto que la resolución de las disputas, que deben dirimirse en el campo electoral o en el de las ideas, eventualmente, casi siempre salpican a otros ámbitos que exceden el partidario y allí pasan a convertirse –lamentablemente– en un problema mayor, a veces de carácter nacional.
Cuando una disputa interna pasa a ser cuestión de Estado, cuando se vulneran las funciones y facultades de un poder, contaminando de presiones a los órganos de justicia, cuando el brazo largo y degradante de esta coacción se extiende al Ministerio Público o cuando las amenazas de despido o de no renovación de contrataciones en la administración central se hacen reales, con el consecuente drama de desempleo para cientos de personas, entonces la cosa deja de tener gracia y pasa a ser muy seria.
Y esto es nocivo para el funcionamiento de una República. Esto es lo que ha pasado en los últimos meses a nivel interno en el Partido Colorado, donde el oficialismo en el gobierno ha pergeñado una campaña sistemática de sometimiento a la dirigencia de Honor Colorado que ha incluido precisamente un acoso permanente a aquellos dirigentes o caudillos que responden al movimiento liderado por el ex presidente Horacio Cartes. Este acoso se ha dado en la miserable forma de una persecución, ya sea descontratando a aquellos funcionarios públicos no alineados con Colorado Añetete (según los datos hubo más del millar de desvinculaciones con el Estado y que estas personas, en su mayoría, respondían a Honor Colorado), así como también el acoso a través del garrote de la Justicia.
Esta semana, legisladores de ambas cámaras del Congreso y que simpatizan con la disidencia colorada, ratificaron una vez que esta persecución está no solo en marcha, sino gozando de muy buena salud, con más vigor y con más saña en el curso de los últimos meses. Y una prueba de ello es la imputación fiscal contra el senador Javier Zacarías Irún y de su esposa, Sandra McLeod, quien por cierto soporta su propio calvario con el caso de la intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este, en donde es intendenta en suspenso.
El caso de Zacarías Irún es una muestra, sostienen en Honor Colorado, de esta persecución. Es imputado por declaración falsa, cuando el dirigente esteño no ejerció la función pública en los últimos 11 años, salvo desde julio pasado cuando asumió como senador.
Los despidos y descontrataciones así como el uso de la Justicia (jueces y fiscales) como garrote político tiene el claro objetivo de debilitar la disidencia, y que la camarilla que rodea al Poder Ejecutivo no tenga barreras para “gobernar” de acuerdo a sus intereses, que no son precisamente los intereses de la ciudadanía.
Pero no hay que callar que esta práctica siniestra tiene un costo y produce un daño tremendo a la institucionalidad que el actual gobierno asegura es su mayor logro en estos casi seis meses de gestión. El perjuicio que infligen es tremendo, puesto que vulneran los principios de separación de los poderes, para controlar la Justicia y utilizarla a su antojo.
La ley debe ser para todos y no un mero instrumento al servicio del poder. El Paraguay del siglo XXI no puede conducirse con una justicia selectiva, pues el mensaje que se emite, tanto dentro como fuera del país, es el de absoluta irresponsabilidad. En definitivas, se trata del funcionamiento de la República y de librarnos de prácticas que solo se explicaban en tiempos en que la dictadura de Alfredo Stroessner se consolidaba.
Esa dictadura formalmente cayó hace 30 años, hoy es tiempo de derrocar también la práctica perversa de la Justicia selectiva.