El Gobierno, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, puso en marcha el andamiaje jurídico y diplomático para revertir el asilo político del que gozan Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán desde el año 2003. Según la petición paraguaya, entregada a Brasilia por el canciller sustituto, Hugo Saguier Caballero, hay nuevos elementos que se suman en esta solicitud de revocatoria del refugio.
Actualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores del vecino país ya está analizando el citado documento y remitirá en las próximas horas a la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) la solicitud para que esta instancia determine si procede o no el pedido del Estado paraguayo.
Lo que deja tranquilo a las autoridades nacionales es que el gobierno encabezado por Jair Bolsonaro no solo haya dado entrada a esta solicitud, sino que también haya prometido celeridad y prontitud en este caso que afecta a un proceso que marcó la historia reciente de nuestro país: el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, que fue el primero de este deleznable crimen efectuado por grupos ideologizados en sus inicios.
Varios son los aspectos que añaden optimismo a la Cancillería así como el Ministerio Público de nuestro país (que es la institución que impulsa el proceso contra Arrom y Martí). Estos aspectos tienen que ver con los nuevos aires que se respiran en Brasil, con la llegada del presidente Jair Messias Bolsonaro, el ex militar devenido en político ultraconservador y declarado enemigo de las ideologías progresistas o de izquierda. De hecho, el discurso anti-PT del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva (que cumple una condena por corrupción) le sirvió al actual mandatario brasileño obtener una cómoda victoria en las elecciones de octubre pasado.
El órgano que debe decidir el futuro de Arrom y Martí es el Conare, entidad que está vinculada al Ministerio de Justicia del vecino país, que actualmente encabeza el ex juez Sergio Moro, un hombre que sin dudas le dará una garantía de equilibrio en las decisiones y que las mismas no estén salpicadas justamente por aquello que se insinuó cuando se concedió el refugio a los dos prófugos paraguayos: sintonía con la ideología del Partido de los Trabajadores que estaba en el poder en el 2003, año en que se concedió la medida.
Este punto sobre el sesgo ideológico parece trivial o insignificante, pero es claramente un punto clave, puesto que hace 14 años cuando Brasilia otorgó el refugio a los buscados por la Justicia paraguaya, Lula da Silva gozaba de una gran popularidad y su influencia en la región se incrementaba cada vez así como su hegemonía a nivel interno. A pesar de las fuertes sospechas presentadas en su momento al Conare sobre la participación de estos dos individuos en el secuestro de la señora de Debernardi, la entidad le otorgó el refugio y de esa manera –hasta el día de hoy– tanto Juan Arrom como Anuncio Martí evaden a los mandatos de la Justicia paraguaya, gracias a la medida excepcional que el entonces gobierno de Lula otorgó a los prófugos.
Por ello, son plausibles las promesas de celeridad hechas por parte de los organismos competentes del vecino país sobre este espinoso caso, pero mayor relevancia y mérito posee que la resolución de la revocatoria o no del refugio será un asunto tratado estrictamente en base a términos que marca la ley y no, como ocurriera en el 2003, un asunto considerado de acuerdo a la “cara del cliente”, o más bien, de acuerdo a la “ideología” de los peticionantes.
Las instituciones paraguayas hasta aquí han hecho su trabajo, ahora compete a las autoridades en Brasilia determinar qué hacer. Está claro que ni influencias ni amistades de ninguna laya podrán a partir de ahora alegarse y que el resultado será equilibrado y ajustado a la ley. Es lo que debió hacerse en el 2003.