El gobierno de Mario Abdo Benítez anunció esta semana la ruptura de las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, como consecuencia de las graves e insalvables irregularidades ocurridas durante el proceso electoral que desembocó en la espuria elección de Nicolás Maduro como presidente del país caribeño, a mediados del año pasado.
Esta adecuada como firme decisión tomada por la diplomacia paraguaya, la primera de las naciones de la región que se vuelca por esta enérgica medida, es coherente con la posición que viene asumiendo desde mediados del 2012: una postura absolutamente crítica con los atropellos a las libertades básicas del pueblo venezolano.
El valor de una democracia se observa cuando una sociedad determinada avanza con fundamentos tan esenciales como la obediencia a la justicia, el respeto a la propiedad privada, la tolerancia, el pluralismo y la participación ciudadana. Aspectos que, lamentablemente, están ausentes desde hace varios años en suelo venezolano y que se ha agravado desde el 2013 a raíz de la grave crisis social y económica que generó el desabastecimiento de comercios y supermercados, así como los déficits en la atención primaria de la salud.
Pero a pesar del notable deterioro político, social y económico, la situación más grave se dio con maniobras seudojudiciales que terminaron en la fragmentación de la oposición y, en contrapartida, fortaleciendo al oficialismo en las elecciones generales de mayo del 2018 que fueron apuntados como fraudulentos y no reconocidos por la oposición, la Iglesia local y la comunidad internacional, incluyendo a naciones como Estados Unidos y bloques como la Unión Europea, el Mercosur o, últimamente, el Grupo de Lima.
Es por esta ausencia absoluta de Estado de derecho, de la violación sistemática de los derechos humanos, de las libertades fundamentales –como el derecho de reunión o de comunicación– que ya el gobierno de Horacio Cartes había advertido a la comunidad internacional sobre los excesos del régimen encabezado por Nicolás Maduro, quien dispuso de todos los medios a su alcance para menguar a la oposición venezolana, que no supo o no pudo hallar la fórmula para capitalizar el descontento de millones de personas con el régimen.
La Cancillería paraguaya encabezada ya en tiempos de Eladio Loizaga había tomado una decidida actitud en órganos como el Mercado Común del Sur, ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y muy especialmente en este foro político de enorme peso en los últimos años en el hemisferio, el Grupo de Lima. Desde este foro, Paraguay había ratificado su total apego a los valores democráticos que rigen en el hemisferio y exigido duras sanciones contra el gobierno de Maduro, al tiempo de denunciar los graves abusos e ilegalidades que padecían millones de personas en Venezuela.
La ruptura de los vínculos de carácter oficial entre paraguayos y venezolanos es un claro mensaje del Gobierno al régimen de Nicolás Maduro: no se puede gobernar por encima de la ley y a espaldas del pueblo. A la larga termina allanando el camino para lo que desgraciadamente se ha convertido hoy aquel país rico en recursos naturales y humanos en una dictadura.
La drástica posición asumida por Asunción es la salida necesaria y la respuesta contundente a un proceso que en su desarrollo fue anómalo y que se advirtió de sus graves consecuencias. Hoy, la dictadura de Maduro, que es la prolongación de aquella emprendida por Hugo Chávez años atrás, se encuentra aislada y con serios visos de ilegitimidad. Pero este “confinamiento”, que nos duele a todos los ciudadanos de bien del hemisferio, tiene el objetivo de restablecer aquellos valores que son universales y que lastimosamente hoy brillan por su ausencia en Venezuela.