El Gobierno ha sorprendido al país con una noticia que puede causar dolor de cabeza a la mayoría ciudadana: se conoció la intención del Ministerio de Hacienda de bajar el piso del Impuesto a la Renta Personal (IRP) al equivalente de dos salarios mínimos, en cuyo caso los que ganen 4.200.000 guaraníes por mes deberían pagar un impuesto del 6%, luego de las deducciones de rigor. Las explicaciones no están muy claras por­que el viceministro de Tributación ha dicho que la intención es ir contra los que ganan mucho dinero y que no tri­butan casi nada, por lo que extraña que quieran incluir a los que tienen menos ingresos y ganan solo dos salarios míni­mos, lo que evidentemente es una gran contradicción.

La idea de ir por los que menos ganan apretándoles con el IRP no es la mejor fórmula para abordar la tan mentada reforma tributaria que el Gobierno está empeñado en hacer. Por ello, con este anuncio se ha ganado la crítica, la oposi­ción y hasta el rechazo de los que entien­den el tema tributario. Porque desnuda su falta de rigor para abordar un tema tan delicado como el impositivo y, apa­rentemente, se va por las ramas.

Suponiendo que incluir en el IRP a los que menos ganan tiene el propósito de formalizar, de abarcar a los que están fuera del circuito impositivo, no tiene mucho sentido perseguir a los obreros y gente de menor salario porque no son ellos los evasores. La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) debe saber dónde están y quiénes son los que huyen de la obligación impositiva teniendo la obligación de contribuir. No puede des­conocer por dónde andan los evasores que ganan millones con sus comercios truchos y se burlan del fisco, los que comercializan mercaderías de contra­bando o los que no otorgan compro­bantes de ventas ni tienen contabilidad legal y viven en el mundo de la econo­mía en negro. Para descubrirlos no hace falta ir a la zona del Mercado 4 o a los barrios marginales, pues en pleno cora­zón de Asunción, en algunas galerías céntricas y hasta en algunos afamados shopping hay centenares de negocios que no cumplen sus obligaciones lega­les y evaden públicamente el pago de los tributos. A esos lugares debe desple­gar sus inspectores fedatarios llamados “jeroviaha” para inspeccionar los docu­mentos, descubrir a los que roban al fisco y ponerlos a cumplir con las leyes.

El Gobierno está muy equivocado con su propuesta de querer poner en el corral a los humildes trabajadores y gente de escasos recursos si quiere formalizar la economía y recaudar más. Y lo peor es que, hay que repetirlo, no desconoce ni puede desconocer quiénes son los verdaderos evasores y que tienen que ser objeto de su persecución. Por ello, resulta muy extraña la propuesta con que ha salido últimamente.

Hay que decirlo de una buena vez: el Gobierno no puede hacerles el juego a los marginales, persiguiendo a la gente que menos gana en el sector formal de la economía en lugar de ir detrás de los verdaderos evasores, que viven, actúan y se enriquecen en el submundo de la informalidad.

Definitivamente, no es por ahí como hay que reformular la cuestión tributaria si se quiere hacer justicia y recaudar más para satisfacer la angurria del Estado.

Lo que el Poder Ejecutivo debe hacer ahora es desechar el recurso de dismi­nuir el piso salarial para el IRP por­que profundizará las desigualdades ya existentes apretando a los más humil­des y dejando en paz a los que realmente deben pagar. Ninguna modificación del sistema impositivo puede funcionar si no se aborda el verdadero problema fis­cal del país, que es la alta tasa de evasión tributaria y que tiene que disminuirla al mínimo para recaudar más.

El Gobierno debe mejorar ostensible­mente su estrategia y entablar una lucha sin cuartel contra la informali­dad, que es el reino de la evasión y el verdadero enemigo. Si no entiende y articula adecuadamente ese combate, estará cometiendo un gravísimo error, que solo seguirá trayendo perjuicios a las arcas del Estado y desazón en la ciudadanía que merece instituciones y autoridades competentes en la conduc­ción del país.