Los gastos realizados por la administración central del Gobierno en inversiones sociales han aumentado ostensiblemente desde el 2013. Hoy el mayor porcentaje de dinero que eroga el Poder Ejecutivo corresponde a recursos que se destinan a la educación, a la salud, a familias en situación de vulnerabilidad y a personas necesitadas, como los adultos mayores que no tienen ingresos.
Uno de los legados importantes de la anterior administración gubernamental es que de cada 100 guaraníes que gasta el Gobierno Nacional, desde el 2013, más de 53 guaraníes se destinan a los distintos organismos del Estado que se dedican tanto a la educación, a la salud como a la asistencia a las familias y personas vulnerables.
Según las estadísticas de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, desde el 2013 al 2018 las inversiones sociales realizadas por el poder administrador han tenido un crecimiento de 53,8%, ya que de los 13.999 millones de guaraníes que se habían destinado en el 2013, se llegó a los 21.540 millones en diciembre del 2018. Lo significativo es que también se incrementó la participación de los gastos sociales en el porcentaje del total erogado, ya que del 46% en el 2012, en el último año las inversiones para este sector subieron al 57%, lo que quiere decir que de cada 100 guaraníes que gasta el Poder Ejecutivo, 57 van ahora a los sectores mencionados.
Estos números hablan con elocuencia de la preocupación social demostrada por la administración Cartes a través de los cinco años que le tocó llevar la conducción del país, más que las palabras y las actitudes histriónicas. Porque los discursos pueden ser elocuentes y llegar a exaltar a la audiencia, pero las realizaciones que se materializan en ayuda concreta constituyen la única realidad que cuenta.
El análisis de la evolución de la inversión social realizada por el Poder Ejecutivo en los últimos años demuestra la sensibilidad hacia los sectores más necesitados. También remarca la importancia de la priorización que debe tener el Estado hacia los principales problemas que aquejan a los habitantes del país, especialmente en la atención de los más vulnerables. La consideración hacia la gran cantidad de personas necesitadas ha sido y es todavía una de las grandes deudas que tiene el país porque el mayor volumen de dinero que todavía se gasta en el presupuesto público en general, no en el Ejecutivo, no va para las inversiones, como se recomienda en una estructura estatal equilibrada.
El incremento de los gastos sociales dentro del esquema de actuación de la administración central que se ha observado en los últimos años indica la dirección correcta en la utilización de los recursos financieros. Y el Gobierno por nada del mundo debe dejarlo de lado, pues ya demasiado tiempo el Estado ha permanecido ausente de sus obligaciones con la gente.
La actual administración de gobierno no puede dejar de andar por el camino trazado hasta hoy en esta materia y debe continuar con las inversiones sociales con el mismo o mayor ritmo que las autoridades que se fueron. Todo está preparado para ello: el esquema administrativo ya está montado. La estructura organizativa está funcionando desde hace varios años, los fondos ya se encuentran pautados en el presupuesto del 2019. Solo falta abrazar la causa con nuevos bríos y proseguir la tarea señalada.
Porque es una de las principales responsabilidades políticas y administrativas que tienen las autoridades para ser realmente el sostén de los más vulnerables y cumplir los compromisos que han asumido en la conducción del país.