Los gastos realizados por la administración central del Gobierno en inversiones socia­les han aumentado ostensi­blemente desde el 2013. Hoy el mayor porcentaje de dinero que eroga el Poder Ejecutivo corresponde a recursos que se destinan a la educación, a la salud, a familias en situación de vulnerabilidad y a personas necesitadas, como los adultos mayores que no tienen ingresos.

Uno de los legados importantes de la anterior administración gubernamental es que de cada 100 guaraníes que gasta el Gobierno Nacional, desde el 2013, más de 53 guaraníes se destinan a los distintos organismos del Estado que se dedican tanto a la educación, a la salud como a la asistencia a las familias y personas vul­nerables.

Según las estadísticas de la Dirección General de Presupuesto del Ministe­rio de Hacienda, desde el 2013 al 2018 las inversiones sociales realizadas por el poder administrador han tenido un cre­cimiento de 53,8%, ya que de los 13.999 millones de guaraníes que se habían des­tinado en el 2013, se llegó a los 21.540 millones en diciembre del 2018. Lo sig­nificativo es que también se incrementó la participación de los gastos sociales en el porcentaje del total erogado, ya que del 46% en el 2012, en el último año las inversiones para este sector subieron al 57%, lo que quiere decir que de cada 100 guaraníes que gasta el Poder Ejecutivo, 57 van ahora a los sectores mencionados.

Estos números hablan con elocuencia de la preocupación social demostrada por la administración Cartes a través de los cinco años que le tocó llevar la conduc­ción del país, más que las palabras y las actitudes histriónicas. Porque los discur­sos pueden ser elocuentes y llegar a exal­tar a la audiencia, pero las realizaciones que se materializan en ayuda concreta constituyen la única realidad que cuenta.

El análisis de la evolución de la inversión social realizada por el Poder Ejecutivo en los últimos años demuestra la sensi­bilidad hacia los sectores más necesita­dos. También remarca la importancia de la priorización que debe tener el Estado hacia los principales problemas que aquejan a los habitantes del país, espe­cialmente en la atención de los más vul­nerables. La consideración hacia la gran cantidad de personas necesitadas ha sido y es todavía una de las grandes deudas que tiene el país porque el mayor volu­men de dinero que todavía se gasta en el presupuesto público en general, no en el Ejecutivo, no va para las inversiones, como se recomienda en una estructura estatal equilibrada.

El incremento de los gastos sociales den­tro del esquema de actuación de la admi­nistración central que se ha observado en los últimos años indica la dirección correcta en la utilización de los recur­sos financieros. Y el Gobierno por nada del mundo debe dejarlo de lado, pues ya demasiado tiempo el Estado ha perma­necido ausente de sus obligaciones con la gente.

La actual administración de gobierno no puede dejar de andar por el camino tra­zado hasta hoy en esta materia y debe continuar con las inversiones sociales con el mismo o mayor ritmo que las auto­ridades que se fueron. Todo está prepa­rado para ello: el esquema administrativo ya está montado. La estructura organiza­tiva está funcionando desde hace varios años, los fondos ya se encuentran pauta­dos en el presupuesto del 2019. Solo falta abrazar la causa con nuevos bríos y prose­guir la tarea señalada.

Porque es una de las principales respon­sabilidades políticas y administrativas que tienen las autoridades para ser real­mente el sostén de los más vulnerables y cumplir los compromisos que han asu­mido en la conducción del país.