Como somos un país sin memoria, es bueno recordar, aunque sea relativamente reciente, que el tema del escandalete de Petropar y los cuestionamientos que fueron desde los sesudos analistas, que encontraron que mientras el precio de la nafta bajaba en todos los países, en el recientemente inaugurado Paraguay de Mario Abdo, subía; también escandalizó a los sesudos y memoriosos juristas, quienes encontraron que una suma millonaria que estaba debidamente depositada en el Banco de Fomento, como corresponde a la ley, había pasado a integrar los fondos de bancos privados, operación que está explícitamente prohibida por la ley, es decir, un delito.

Entre suba de precios, desvío de fondos de un banco público a bancos privados, más que oler, apestaba a negociado, se armó un gran bolonki, por no decir kilombo, y las sospechas, primero, y las protestas, después, empezaron a florecer agravadas por dos circunstancias que en la percepción de la opinión pública paraguaya son bastante significativas: una y principal, que la nueva encargada de Petropar es parte del negocio, es decir, está en su interés muy particular y personal el rubro.

Es sabido y consabido por la sapiencia popular de que no hay que dejar nunca jamás al zorro al cuidado del gallinero.

Bueno, la nueva mandamás, dicho en elocuente expresión popular, es arte y parte del negocio de los combustibles, ni siquiera es un zorro que viene de afuera, sino uno que se viene alimentando desde hace rato de ese gallinero y, al parecer, no con tanto éxito como el que esperaba, es decir, con hambre acumulada. Así que el aumento del precio del combustible, como el enroque del dinero de un banco público, al sector privado, ilegal, como establece la ley, eran beneficiosos para la administradora. En síntesis, el combustible, ese elemento vital de la economía de todos, porque afecta desde a los más ricos hasta a los más pobres, estaba en manos de los negociantes del combustible sin ningún control.

Cuando empezó a cundir la sospecha y, obviamente, el descontento y la protesta, el presidente Abdo se encontró con un problema y decidió tomar una medida cautelar: nombrar a un auditor para que realice una auditoría y vea si hay verdaderamente irregularidades e ilícitos como ya era vox populi.

Fue así, siguiendo la secuencia de la historia, que fue nombrado el ex fiscal Carlos Arregui, salido de la Fiscalía con más pena que gloria, con ciertos asuntos que nunca terminaron muy claramente, de explicarse, y devenido político de un partido minoritario, con cuya directiva él había tenido ciertos entuertos.

En este ínterin del nombramiento, hay que hacer una pausa y una aclaración: antes de que la auditoría se pusiera en marcha y el ex fiscal devenido político entrara en funciones el Presidente decidió hacer una ampliación de la misma: abarcar también el período del anterior administrador de Petropar, en el anterior gobierno, quien hasta ese momento no tenía denuncia ni acusación alguna.

Digamos que es un hecho folclórico, ya que tanto el presidente en ejercicio, como algunos de sus colaboradores, como algunos medios de prensa, aún no se han dado cuenta de que el gobierno anterior ya no está en funciones. Pero bueno, como dice el dicho, más vale sobre que falte, pero aquí está la cuestión: puesto en su ejercicio, el auditor, presentó su primer informe –es de esperar que no sea el único– en el que se concentra en supuestas irregularidades ocurridas durante el anterior gobierno y poco o nada dice de la protesta y la denuncia popular generalizada sobre la actual administración, ni de la plata arbitrariamente migrante de bancos, ni del clin caja de la fresca viruta recaudada con el precio inflado, cuando en el mundo estaba desinflado, es decir, lo reclamado por vox populi. Las explicaciones que esperaba la ciudadanía y, como correspondería, las reparaciones del caso, es decir, que el sagaz auditor terminó “auditando” a la anterior administración y al anterior administrador… y Patricia tan campante.

En síntesis que, siguiéndose una antigua tradición de la política nacional, se nombra auditor para que no se audite lo que hay que auditar, es decir, lo que estaba denunciado, que queda de nuevo en el limbo de los inocentes. Como aquel principio de cambiar para que nada cambie, investigar para que nada salga a la luz. A partir de ahora la disputa política y mediática será entre el ex fiscal, devenido aún más a menos, y el ex director de Petropar, mientras que la denuncia pública y la verdadera autoría quedan, como suele suceder en nuestra política de conventillera en el limbo, de los injustos, ya que de justos no se puede hablar.

El nuevo Presidente perdió una brillante oportunidad de sentar un precedente, pero ya se veía desde el principio que no era sino una cortina de humo. Simplemente se ha comprobado. Como nadie o casi nadie en sus cabales va a creer que se hizo algo serio, se pierde credibilidad; y el único que gana y, al parecer va a seguir ganando a precio de oro por no investigar lo que tenía que investigar, es el auditor. Cabe aquí la pregunta del millón: ¿quién auditará al auditor?

Es el resultado típico que el habla popular ha bautizado como “bolaterapia”.