El presidente de la República estuvo en el acto de inauguración del periodo lectivo del Centro de Ins­trucción Militar de Enseñanza para la Formación de Oficiales de Reserva (Cime­for) donde entregó su uniforme castrense a uno de sus hijos que hará el servicio mili­tar obligatorio (SMO). Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, el primer mandatario estuvo en el lugar presi­diendo el acto y, como padre, envió un men­saje a todos los ciudadanos de que deben enro­larse y cumplir esa obligación castrense que se establece para todos los varones mayores de 18 años.

Pero más allá de lo simbólico de esos actos, el mandatario con sus palabras y sus hechos, desde la época electoral, y luego ahora como presidente, ha demostrado una inequívoca postura promilitar y que el militarismo es una de las prioridades de su Gobierno. Lo cual no está mal si forma parte de su gusto personal, pero que es cuestionable si se trata de una pos­tura institucional, dado que el país tiene otras muchas necesidades altamente prioritarias.

En esa línea, semanas atrás el Gobierno intentó incentivar el interés de los jóvenes para ingresar a las instituciones armadas para cumplir con la obligación. Pero lo hizo con tanta torpeza, que lejos de acercarlos a las unidades militares incentivó la repulsa hacia ellas e incrementó en forma asombrosa el número de objetores de conciencia. Lo aconte­cido, en el fondo, fue una inmensa propaganda negativa para las autoridades y, de rebote, contra el SMO.

El tema no merece discusión alguna desde el punto de vista legal. El Artículo 129 de la Constitución Nacional establece como obliga­ción el servicio militar para todos los varones y exime de ello a las mujeres, que solo en caso de conflicto armado internacional podrán servir como auxiliares. Y dice que los objeto­res de conciencia prestarán servicio en benefi­cio de la población civil.

Por consiguiente, los afectados deben dar cumplimiento a la obligación constitucional de la mejor forma y como contemplen las leyes reglamentarias.

Pero si bien no hay que desobedecer las nor­mas legales, la crítica a las mismas es libre, según reconoce el Art. 127 de la Carta Magna. Por lo que también se puede cuestionar y criti­car el servicio militar obligatorio.

Este es un país que en su corta existen­cia independiente ha tenido la desgracia de enfrentar dos terribles guerras internaciona­les, una de las cuales fue tan horrenda que casi provocó el exterminio total de su población. Y se explica perfectamente que nuestras leyes prevean la defensa de la patria mediante el servicio militar.

Pero los tiempos han cambiado, ya no hay nin­gún conflicto armado internacional en cier­nes, por lo que, sin dejar de cumplir las leyes, no se pueden seguir priorizando con exagera­ción las actitudes militaristas. Que, además, son un resabio del pasado, alimentado por la experiencia de la larga dictadura de un mili­tar.

El Gobierno Nacional debe entenderlo y prio­rizar los asuntos que son de altísima actuali­dad e importancia nacional, como la salud, la educación y la extrema pobreza. El Ejecutivo debe dar señales claras de ello, porque no sirve de mucho el mensaje que da visitando cuarte­les y viendo desfilar uniformados, cuando la gente quisiera que el jefe de Estado recorra los hospitales para ver las necesidades más senti­das de la ciudadanía o visite las instituciones escolares derruidas donde se necesita la mano del Gobierno para ponerlas a punto.

Las autoridades nacionales tienen la obli­gación urgente de dedicarse a los temas de mayor trascendencia y trabajar en ellos con toda responsabilidad. Y no perder el tiempo dando preeminencia a asuntos que tienen su importancia, como el servicio militar obliga­torio, pero que no son de urgente atención y no constituyen ninguna prioridad para la ciuda­danía del país.