Luego de los lamentables sucesos acae­cidos en el corazón de las dependencias de la Policía Nacional, la Agrupación Especializada, desnudando la lamen­table realidad de nuestras instituciones encar­gadas de la seguridad, ahora sucede lo de Ypehú, Canindeyú. En la madrugada del miércoles, una treintena de criminales brasileños tomó la loca­lidad fronteriza con el Brasil e hizo estragos con las propiedades de algunos habitantes de la zona sospechados de narcos sin que la Policía pudiera hacer nada, ni siquiera garantizar su propia defensa.

El detalle de lo acaecido habla de la seriedad de lo que sucedió. El jefe de la comisaría local relató que los criminales eran alrededor de 30 individuos fuertemente armados y pertrechados con elemen­tos de destrucción, como explosivos y objetos para provocar incendios. Atacaron tres viviendas con granadas, ingresaron a las mismas y dispararon dentro de ellas destruyendo todo a su paso. Que­maron además cerca de 20 vehículos automotores que estaban en una playa de ventas y prendieron fuego a todo cuanto encontraban. No hubo muer­tos porque antes de incendiar las casas los delin­cuentes sacaron a empellones a sus moradores.

¿Qué hicieron las fuerzas de seguridad? Nada.

El propio jefe policial relató que los delincuentes cercaron la comisaría para impedir que alguien saliera y nada pudo hacer porque la capacidad de fuerza de la Policía fue totalmente sobrepasada por la cantidad de atacantes y el poder de fuego de los mismos. Dijo que no poseen equipamiento para combatir ese tipo de ataques. Además, cuen­tan con tan solo 15 efectivos. En otras palabras, las fuerzas policiales allí apostadas son totalmente inhábiles para ejercer la seguridad en esa conflic­tiva localidad.

La guerra desatada por los delincuentes de fron­tera poniendo en vilo la vida de las personas y sus bienes no mereció más que un comentario desafor­tunado del presidente de la República. Preguntado por la prensa sobre qué opinaba sobre el ataque producido en la frontera con Brasil, atinó a respon­der que era una “batalla de narcos”, como si la gra­vedad del hecho fuera menor porque se trataba de una pelea entre delincuentes. No atinó a decir qué haría para combatir el problema de la zona, donde la ausencia del Estado se nota no solo por el ataque de los criminales, sino por la falta de atención a las necesidades básicas de los habitantes.

El intendente municipal de la localidad explicó a la prensa que, además de descuidar la seguridad, el Estado en la ciudad no tiene oficinas del Registro Civil de las Personas ni de Migraciones y que en el hospital hay un solo médico para 11.000 habitan­tes.

Es de esperar que las inadecuadas palabras del señor Abdo hayan sido tan solo una manifestación poco feliz del momento y no la expresión de que no le importa el amparo de los habitantes de esa región y la protección de los intereses del país en esa zona minada de delincuentes.

El Presidente ha dicho en numerosas ocasiones que el combate al crimen organizado es una de las prioridades de su gobierno y que no descansará hasta ponerle freno. Pero los asuntos del país no se solucionan con bellos discursos ni con expresiones de buenos deseos, sino con hechos concretos, con trabajo denodado y patriotismo.

Por eso hay que decir que llegó la hora de que el Gobierno se ponga a gestionar la seguridad del país, en especial la de las zonas más peligrosas por su situación fronteriza y por ser lugares de paso del narcotráfico y escenario de todo tipo de actos delictivos.

Debe elaborar un sistema especial de seguridad para las zonas fronterizas con la participación de las Fuerzas Armadas porque por su estructura y preparación es la más eficiente para esa tarea. La guerra del crimen organizado no es solo una expre­sión verbal, es una guerra en todo el sentido de la palabra, pues se trata de una pelea total entre dos bandos armados. Una Fuerza de Tarea Conjunta, como la desplegada en San Pedro y Concepción, debe articularse en toda la zona que linda con el Brasil para garantizar no solo la protección de las personas y sus bienes, sino la defensa y la soberanía de nuestras fronteras.