Es inaceptable y completamente irre­gular el financiamiento político por parte de elementos vinculados o sospechados con el narcotráfico. Es irregular aquí y en cualquier sociedad civili­zada del resto del mundo. Cuando aparecen casos como este, y más cuando se trata de pre­sunciones que salpican incluso a altos esta­mentos de un gobierno, se debe dar una res­puesta contundente y que no deje dudas de ningún tipo.En este sentido, no puede ser más que lamentable y desatinada la tímida defensa que ensayaron los por­tavoces del gobierno de Mario Abdo Benítez.

La respuesta que han dado altos referentes y hombres de confianza del actual mandatario sobre las presunciones hechas por el abogado Marcial Valdez, representante legal de Reinaldo “Cucho” Cabaña, caponarco de la zona este del país detenido tres meses atrás, simplemente fue desatinada.

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, relativizó lo señalado por el abogado, quien insinuó que su cliente, el hoy detenido por tráfico de drogas “Cucho” Cabaña, habría aportado millonarios fon­dos para la campaña electoral del actual inquilino del Palacio de López.

El menosprecio del secretario de Estado se dejó entrever con la alusión a que el denunciante, el abo­gado, es un convencional de Honor Colorado, ade­más de defender a otro conocido capo del narco­tráfico, situaciones que para el ministro resultaron “entretenidas”. Estrategia similar fue la empleada por el asesor político de la Presidencia, el ex con­cejal de Asunción Daniel Centurión, que directa­mente se burló del abogado al calificarlo de “dispa­ratero de poca monta” o recomendarle participar de un reality televisivo si lo que buscaba eran minutos de fama.

Ninguno de los emisarios del Gobierno aportó un solo elemento para que la presunción vertida por Valdez quede desestimada. Simplemente se apeló a menoscabar la reputación del letrado sin contribuir siquiera al debate.

Pero esta situación que vislumbró Valdez no es corriente. Definitivamente, no es una situación normal.

Agravios e injurias un gobernante los recibe a dia­rio, pero este no es un caso común. Involucra direc­tamente a quien hoy es el presidente de la República y que pudo haberse beneficiado con aquello que hoy es un supuesto, una presunción, y que es que el dinero proveniente del narcotráfico pudo haber financiado parte de la campaña de Abdo Benítez.

No es corriente, en lo absoluto, que aquel capo alu­dido, que hoy está entre las rejas y bajo investiga­ción, aparezca orondamente en una fotografía con el entonces candidato presidencial.

No es corriente, en lo absoluto, que esa fotografía en plena campaña proselitista se haya dado en la resi­dencia del entonces candidato. Ese acceso, restrin­gido a los allegados, supone intimidad y confianza entre ambas partes.

No es corriente, en lo absoluto, que uno de los refe­rentes del movimiento Colorado Añetete y primer diputado colorado por el departamento del Alto Paraná, esté hoy preso en Viñas Cue, por el hecho punible de tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enrique­cimiento ilícito y lavado de dinero. Nada menos.

No es corriente, en lo absoluto, que ante estas sos­pechas y presunciones, a las cuales hay que añadir lo señalado por el abogado Valdez, que el gobierno mantenga un discurso evasivo o ambiguo y que recurra directamente a la descalificación.

Aquí lo que corresponde es que el gobernante salga a decir a todos los medios (y esperemos que allí sí algunos dediquen su portada al caso) a aclarar lo que corresponda. Y que el mandatario está a dispo­sición del Ministerio Público para lo que hubiere lugar de acuerdo a lo que establezca la ley. Ese es el paso que debe dar Abdo Benítez y no el que sus ede­canes han propuesto hasta aquí. Se ahorrará dolo­res de cabeza innecesarios.