Es inaceptable y completamente irregular el financiamiento político por parte de elementos vinculados o sospechados con el narcotráfico. Es irregular aquí y en cualquier sociedad civilizada del resto del mundo. Cuando aparecen casos como este, y más cuando se trata de presunciones que salpican incluso a altos estamentos de un gobierno, se debe dar una respuesta contundente y que no deje dudas de ningún tipo.En este sentido, no puede ser más que lamentable y desatinada la tímida defensa que ensayaron los portavoces del gobierno de Mario Abdo Benítez.
La respuesta que han dado altos referentes y hombres de confianza del actual mandatario sobre las presunciones hechas por el abogado Marcial Valdez, representante legal de Reinaldo “Cucho” Cabaña, caponarco de la zona este del país detenido tres meses atrás, simplemente fue desatinada.
El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, relativizó lo señalado por el abogado, quien insinuó que su cliente, el hoy detenido por tráfico de drogas “Cucho” Cabaña, habría aportado millonarios fondos para la campaña electoral del actual inquilino del Palacio de López.
El menosprecio del secretario de Estado se dejó entrever con la alusión a que el denunciante, el abogado, es un convencional de Honor Colorado, además de defender a otro conocido capo del narcotráfico, situaciones que para el ministro resultaron “entretenidas”. Estrategia similar fue la empleada por el asesor político de la Presidencia, el ex concejal de Asunción Daniel Centurión, que directamente se burló del abogado al calificarlo de “disparatero de poca monta” o recomendarle participar de un reality televisivo si lo que buscaba eran minutos de fama.
Ninguno de los emisarios del Gobierno aportó un solo elemento para que la presunción vertida por Valdez quede desestimada. Simplemente se apeló a menoscabar la reputación del letrado sin contribuir siquiera al debate.
Pero esta situación que vislumbró Valdez no es corriente. Definitivamente, no es una situación normal.
Agravios e injurias un gobernante los recibe a diario, pero este no es un caso común. Involucra directamente a quien hoy es el presidente de la República y que pudo haberse beneficiado con aquello que hoy es un supuesto, una presunción, y que es que el dinero proveniente del narcotráfico pudo haber financiado parte de la campaña de Abdo Benítez.
No es corriente, en lo absoluto, que aquel capo aludido, que hoy está entre las rejas y bajo investigación, aparezca orondamente en una fotografía con el entonces candidato presidencial.
No es corriente, en lo absoluto, que esa fotografía en plena campaña proselitista se haya dado en la residencia del entonces candidato. Ese acceso, restringido a los allegados, supone intimidad y confianza entre ambas partes.
No es corriente, en lo absoluto, que uno de los referentes del movimiento Colorado Añetete y primer diputado colorado por el departamento del Alto Paraná, esté hoy preso en Viñas Cue, por el hecho punible de tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Nada menos.
No es corriente, en lo absoluto, que ante estas sospechas y presunciones, a las cuales hay que añadir lo señalado por el abogado Valdez, que el gobierno mantenga un discurso evasivo o ambiguo y que recurra directamente a la descalificación.
Aquí lo que corresponde es que el gobernante salga a decir a todos los medios (y esperemos que allí sí algunos dediquen su portada al caso) a aclarar lo que corresponda. Y que el mandatario está a disposición del Ministerio Público para lo que hubiere lugar de acuerdo a lo que establezca la ley. Ese es el paso que debe dar Abdo Benítez y no el que sus edecanes han propuesto hasta aquí. Se ahorrará dolores de cabeza innecesarios.