Luego de que fuera rechazado por amplios sectores de la ciudadanía el aumento de algunos impuestos para ciertos productos, que felizmente se abortó en el Senado, ahora se habla de hacer una reforma tributaria. La idea lanzada desde el Gobierno parece atractiva, pero lo que siempre subyace en cualquier modificación impositiva es que el fisco solo quiere recaudar más para hacer frente a sus cada vez más crecientes necesidades de gastar más.

La experiencia demuestra que todo aumento de recaudación termina casi en la nada, pues no mejoran las inversiones, sino que se termina dando más gastos corrientes, en salarios de los funcionarios y otras erogaciones que no mejoran la situación del país.

Uno de los problemas del fisco es la necesidad de recaudar más, pero en el fondo subsiste un tema de mayor envergadura, que es la calidad del gasto público, porque de nada vale percibir más ingre­sos si el dinero al final no se utiliza adecuada­mente para las verdaderas necesidades del país.

La reforma tributaria suena linda porque no entraña necesariamente el aumento de impues­tos, sino más bien el reacomodamiento de las obligaciones tributarias a las nuevas realidades para hacer más eficiente el aparato recaudador. Pero no conviene enamorarse de la idea sin tener en cuenta dos cosas fundamentales: la calidad del gasto estatal y la necesidad de aumentar el con­trol fiscal y la formalización de la economía sub­terránea.

La última reforma tributaria importante data del 2004, cuando se promulgó la Ley 2.421 “De Reor­denamiento Administrativo y de Adecuación Fis­cal”. Esta ley fue muy oportuna y ordenó algunos tópicos de las normas tributarias haciendo más eficiente al ente recaudador. La disminución de la tasa del Impuesto a la Renta a las Actividades Comerciales e Industriales (Iracis) de 30% al 10% fue una de las principales modificaciones que mejoraron las recaudaciones mediante el ingreso al sistema legal de muchas empresas que prefe­rían evadir.

Mediante esta norma se estima que las recauda­ciones tuvieron un incremento mayor al 300%, lo que representó un éxito fiscal extraordinario desde el punto de vista de las percepciones. Pero como las erogaciones del Estado siguieron privi­legiando los gastos corrientes sobre los de capital, esa reforma tributaria no tuvo el impacto que se hubiera querido en el funcionamiento del país.

Esta realidad enseña una lección muy impor­tante. De nada servirá hacer una reforma tribu­taria si al final el Estado seguirá despilfarrando los mayores recursos que se recauden, más toda­vía ahora que los ministerios y entes públicos están manejados por políticos partidarios del Presidente como improvisados administrado­res. ¿Qué garantía de buen uso del dinero público puede dar un seccionalero que está entrenado solo para la prebenda y el clientelismo politi­quero?

Aparte de disminuir el gasto, el Estado debe mejorar sustancialmente el control fiscal para combatir la evasión y regularizar la economía en negro.

Estudios privados sostienen que la evasión impo­sitiva en nuestro país está cercana al 40%, lo que quiere decir que casi la mitad de los impuestos que se deben pagar no se tributan.

Ante esta realidad acuciante, urge que el Gobierno Nacional comience a combatir en serio la informalidad económica, que es uno de los principales enemigos, pues los evasores no solo no cumplen sus obligaciones tributarias, sino que se burlan de todos en las narices de las autorida­des nacionales.

Estará bien que se haga la reforma tributaria si al mismo tiempo se combate la informalidad y la evasión impositiva. Y si el Gobierno comienza a gastar el dinero de los impuestos para las inver­siones sociales y la inversión de capital y no para los gastos innecesarios.