La banda criminal del Norte volvió a golpear con otra acción violenta el fin de semana último y está provocando abiertamente al Gobierno que hasta el momento no ha pasado aún a la acción directa para contrarrestar la inseguridad de esa región del país. La tranquilidad que había prometido el Presidente a los habitantes de la castigada zona hasta ahora no ha pasado de los discursos y algunos gestos sin mayor trascendencia. Y está llegando la hora de que encare su responsabilidad con hechos concretos que garanticen la seguridad de los norteños que son las principales víctimas de los supuestos guerrilleros.
El ataque que ha perpetrado el grupo criminal conocido con una sigla la noche del último sábado se produjo en un retiro cercano a la estancia El Ciervo, donde había asesinado la semana pasada al brasileño Valmir de Campos luego de apresar por varias horas a 6 personas de ese establecimiento. En esta ocasión no hubo muertos, pero acribillaron las instalaciones del lugar e intentaron incendiar los depósitos con bombas molotov.
Este segundo ataque en escasos cinco días demuestra que el grupo criminal está decidido a continuar sus designios y a aterrorizar a los habitantes seguros de no encontrar resistencia y de gozar de impunidad. A estar por declaraciones de los afectados, los criminales que perpetraron el último hecho son el mismo grupo que el lunes de la semana anterior secuestró a los peones y mató al brasileño de la estancia El Ciervo. Lo cual indica que se están moviendo a sus anchas en ese predio porque están convencidos de que el Gobierno y su Fuerza de Tarea Conjunta están ausentes y les dejan libre el lugar.
La acción continuada del grupo criminal en una misma zona con sus ataques y sus amenazas es cuando menos un toque de atención para el gobierno de Mario Abdo, que tiene que asumir prontamente la obligación de actuar. No se puede, bajo ningún pretexto, dejarle el campo libre a los delincuentes para que hagan lo que quieran.
En los tres meses que lleva al frente de la nación este Gobierno estuvo sumido en la pasividad frente al grupo criminal, porque aparte de los discursos, las promesas y algunas medidas sin mayor efecto práctico no ha actuado como corresponde para hacer frente al problema planteado. La conducción del país tiene obligaciones muy severas que no se pueden eludir a menos que quiera convertirse en cómplice de los violentos por su falta de acción.
La FTC, como brazo armado de la sociedad paraguaya en su combate contra los criminales del Norte, tiene la imperiosa obligación de actuar y mostrar resultados de su accionar. No solo porque debe reprimir y eliminar el delito, sino porque tiene que ser digna de la confianza que la ciudadanía en general le ha demostrado en esta lucha.
El Gobierno debe asumir con seriedad sus responsabilidades en materia de seguridad y actuar con energía. No se puede esperar que el grupo armado siga actuando con violencia, matando más personas, incendiando casas, maquinaria y repartiendo sus panfletos propagandísticos, como si no hubiera quién les pueda frenar.
El Presidente, como máxima autoridad política y jefe de las Fuerzas Armadas, debe ordenar a la Fuerza de Tarea Conjunta una rápida y continuada acción en esa guerra contra el grupo criminal. No debe permitir que esos facinerosos que volvieron a la acción después de mucho tiempo se burlen de él y de toda la ciudadanía sembrando el terror en las narices de la FTC.
Los paraguayos merecemos vivir en tranquilidad y los que están y trabajan en el Norte deben tener la garantía de que serán respetados, ellos y sus bienes, mediante la actuación del Gobierno y sus instituciones.