Gracias a que primó el buen sentido y la prudencia, los proyectos de ley de aumento de impuestos que estu­diaba el Senado una semana atrás han sido aplazados para el año venidero. Y, mejor todavía, ahora se quieren desechar esos incrementos impositivos cuestionados y se habla de la posibilidad de una reforma impo­sitiva global. Ya no se quieren parches que no solucionan nada y crean problemas, sino una reformulación orgánica más amplia que con­temple todo el sistema tributario para hacerlo más eficiente y equilibrado.

Eso es por lo menos lo que han expresado per­soneros del Gobierno, que, en este tema, hasta el momento han actuado con sabiduría. Por lo que se va perfilando a esta altura de las cosas, la idea es abandonar definitivamente los aumen­tos impositivos aludidos en aras de una pro­puesta que resultaría no solo más aceptable, sino necesaria.

Justamente eso es lo que han manifestado sec­tores empresariales y técnicos tributarios que se han pronunciado sobre el asunto. El miérco­les pasado representantes de los más impor­tantes gremios empresariales dijeron al Poder Ejecutivo que rechazan la idea de modificar el sistema impositivo con proyectos parciales como el estudiado por el Senado, con aumentos de algunos tributos. Pidieron al Gobierno que, en cambio, se haga una reforma tributaria de manera integral y consensuada, lógicamente con la participación del sector privado.

Teniendo en cuenta la necesidad de ir actuali­zando las normas del Estado y la estructura del sistema fiscal, ha llegado la hora de abordar la modernización del sistema impositivo. Esto lo han entendido los principales exponentes del sector privado de acuerdo con lo que expresan habitualmente. Y, sobre todo, parece ser tam­bién el pensamiento de los responsables de la cartera de Hacienda y del Ejecutivo, que son los principales actores en este asunto.

El ministro Benigno López ha señalado la necesidad de no aumentar los impuestos que habían solicitado en el Senado, sino de echar una mirada más amplia al sistema tributario a partir de marzo próximo, pensando en una reforma.

Los entendidos dicen que el abordaje al sistema impositivo se tiene que hacer con las gran­des líneas propuestas por el Consejo Técnico Económico Tributario. Se deberá unificar el Impuesto a la Renta de Actividades Comer­ciales, Industriales y de Servicios (Iracis) con el Impuesto a la Renta Agropecuaria (Iragro), para ajustar las reglas de juego hasta ahora dis­pares sin que importe el tipo de actividad eco­nómica, sin ventajas para al sector agropecua­rio respecto a las industrias y comercios.

Otra propuesta es adoptar estándares inter­nacionales sobre la residencia fiscal, estable­cimiento permanente, precios de transferen­cia e intercambio de información. También se sugiere limitar las deducciones de costos y gastos, con medios apropiados de pago y sim­plificando la distribución de dividendos entre empresas y sus socios. El Consejo no contem­pla gravar la exportación de productos agrope­cuarios como la soja o la carne, con lo que no se castigaría a ese sector. De acuerdo con la opi­nión de la ex ministra de Hacienda Lea Gimé­nez, “estas alternativas tendrían un impacto gradual y podrían generar mayor recaudación y equidad fiscal, sin causar un shock a la econo­mía”.

De ser así estaríamos andando por el buen camino en la tarea de modernizar y hacer más justo el sistema impositivo del país. Y se pro­seguiría la tarea de la gran reforma tributaria iniciada en 1991 con la Ley 125, que simplificó el tremendo caos de más de 20 impuestos de la dictadura a un sistema con solo 8 tributos.

Pero hay un detalle muy importante que tener en cuenta. Ninguna ley ni reforma tributa­ria servirá si no existe la voluntad política del Gobierno de combatir con eficacia la informa­lidad y el contrabando. De nada valdrá un sis­tema impositivo que ayude a recaudar más si no se mejora sustancialmente el gasto público. Y estas son responsabilidades que las autori­dades nacionales no podrán eludir para que el país funcione como un Estado de derecho y no como una simple republiqueta bananera.