Mientras la ciudadanía debate el problema estructural de la corrupción policial que acabó “facilitando” la muerte de la joven mujer en la celda del jefe narco, el minis­tro del Interior insistía en el discurso sobre la suplantación de los cubiertos de metal por cubiertos de plástico en la reclusión policial. En rigor, lo que se requiere es suplantar la hones­tidad de plástico de los cuadros policiales por una integridad de acero inoxidable.Concluimos que el énfasis del ministro ha sido en la buena fe de transmitir una iniciativa para evitar que se volviera a producir un crimen de tan vergonzoso tamaño.

Sin embargo, un mínimo error comunicacional en los tiempos de crispación ciudadana genera la percepción de un mal manejo global de la crisis y la posibilidad que se subalternen los asuntos que son centrales en esta cuestión: la corrupción policial como facilitadora de todo lo peor que pudo haber sucedido el sábado último al mediodía y las fallas del sistema de justicia para manejar situaciones o complicarse con ellas a la hora de resolver con prontitud y fir­meza los casos que envuelven a narcos, princi­palmente aquellos que son reclamados por pro­cesos de extradición.

La destitución de los comandos y otros cua­dros de la Policía Nacional es una iniciativa de arranque que transmite un mensaje de res­puesta, pero es poco probable que modifique la estructura del problema en tanto la actuación del narco y la complicidad policial han sido, históricamente, aquí y en diversos países, un matrimonio exitoso para la persistencia del cri­men organizado.

Una perspectiva que debe considerarse de inmediato es la instalación de capacidades para que la Policía deje de ser un depósito de delin­cuentes especialmente peligrosos que –lejos de estar sometidos a un control principal– termi­nan siendo beneficiarios de condiciones privi­legiadas de atención. Estas capacidades deben ser prioritarias de ser instaladas en el ámbito donde corresponden y pertenecen: el sistema penitenciario nacional administrado por el Ministerio de Justicia y bajo la supervisión de la justicia de sentencia.

Todo empieza a degenerarse cuando en un país existen “presos de primera” con el pretexto de la máxima seguridad, que como se ha visto el sábado pasado es una payasada y al mismo tiempo una burla.

El otro lado herido del sistema es la justicia. Maltrecha. A la deriva. Instalada en el mismo ojo de agua donde abrevan los intereses de nar­cos y arrullada por el dinero fácil de los abo­gados que los representan. La muerte de una joven paraguaya, de 18 años, en manos de un criminal internacional con la complicidad de todo un sistema desnuda cómo la coima y la deshonestidad de la justicia han sido la mano oculta que puso en manos del criminal ese cuchillo de metal.

La culpa, señor ministro, no es del cuchillo de metal, sino de la integridad de plástico del sis­tema judicial y policial que permite que un narco cumpla con sus más miserables propósi­tos cuando quiere y en el lugar que quiere.

Hay que pensar en un futuro. Ese futuro se centra en la formación de oficiales de la Poli­cía Nacional. Mientras los mismos exáme­nes de ingreso a las academias y escuelas de formación se vean salpicados de sospecha de compra de calificaciones, la cuestión se ve oscura y sin salida. Debe existir una acti­tud estadista que se anime a llegar al fondo del problema e intervenir en la misma base para separar a las alimañas que promueven la adulteración de la honestidad en el mismí­simo huevo de donde nace un futuro oficial o suboficial de Policía. Es positivo que se des­pida a los altos mandos de la Policía por lo sucedido el sábado último, pero quedará pen­diente la solución estructural mientras no se trabaje un nuevo concepto que se instale en la línea de base en la que un joven se inserta en un proceso que lo llevará a tomar la misión de defender a la sociedad.

Si tal instancia no cambia, seguiremos por este camino, impresentable, en el que en muchos casos es la sociedad la que debe protegerse de quienes tendrían que protegerla.