Muchas determinaciones adopta­das por la nueva administración de Gobierno en los dos meses de tarea no terminan de sorprender por su extrañeza y escaso rigor institucional, que llamarían a la risa si no fueran tan graves. Como ejemplos, primero, cambia la embajada paraguaya de Israel de la capital de ese país, Jerusalén, para quedar bien con sus amigos ára­bes y que se enojen los israelitas. Ahora, por el Decreto 432 nombra a un asesor del Presidente “en las áreas de transparencia e integridad”.

Aunque no lo dice el decreto, el propio Mario Abdo anunció que esta persona auditará el desempeño de los organismos públicos durante la gestión del ex presidente Horacio Cartes y de paso la tarea de la actual administración de Petropar. Todo esto para “castigar” a los que cuestionan las irregularidades actuales del ente petrolero que no se ha destacado última­mente por su desempeño acorde con la ley. A todas luces, una decisión con un evidente sesgo de venganza política, que da para pensar.

La actitud infantil del titular del Poder Ejecu­tivo hace recordar la conducta del niño enojado con sus amigos que retira su pelota de la cancha de juego porque los compañeros de equipo no le hacen los pases como él quiere. La típica acti­tud del folclórico “pelota jára” que actúa por despecho.

Pero lo dispuesto por el presidente Mario Abdo Benítez es mucho más serio que un sim­ple juego de niños, porque por un sentimiento revanchista está queriendo pisotear algunas instituciones de la República.

Para investigar la gestión, hacer auditorías y hasta realizar denuncias e incluso juzgar por las eventuales irregularidades a las anteriores autoridades del país ya están las instituciones creadas por la Constitución Nacional y las leyes de la República. Como responsable máximo del Poder Ejecutivo, no puede desconocer esa rea­lidad y mucho menos darle la espalda a menos que quiera imprimir a su gestión un sesgo auto­ritario enfrentado con el orden jurídico demo­crático.

Convendría recordarle al señor Presidente que la Carta Magna ha creado ya las institucio­nes responsables de analizar la gestión de los funcionarios y entidades del gobierno, como la Contraloría General de la República, la Pro­curaduría General de la República, la Audito­ría del Poder Ejecutivo, el Ministerio Público y hasta el Poder Judicial. Estas instituciones democráticas no solo tienen la potestad sino la autoridad legal y jurídica para analizar los hechos que se ponen a su disposición, hacer los dictámenes y hasta denunciar y castigar penal­mente a las entidades y personas que fueren encontradas en la comisión de delitos adminis­trativos, financieros o de otra índole.

Cabe preguntarse ahora: ¿qué valor jurídico, legal o institucional puede tener el trabajo de una persona o una comisión creada ad hoc para auditar la gestión pública por encima de las instituciones creadas por la Constitución y las leyes de la República? ¿En un régimen demo­crático, puede un decreto del Presidente estar por encima de las instituciones creadas por las normas de mayor rango en la prelación de las leyes que rige el Estado de Derecho? ¿Qué valor pueden adquirir las investigaciones de un equipo o individuo que no tiene existencia institucional ni competencia legal que no sea el testimonial? ¿Por qué el Poder Ejecutivo en este caso se empeña en desconocer las institu­ciones legales de la democracia?

Está muy bien que el Gobierno quiera investigar la gestión anterior. Es su derecho y hasta su obli­gación. Pero para esa tarea están los organismos establecidos por la Constitución y las leyes. Des­conocerlos o reemplazarlos por un simple nom­bramiento por decreto se parece demasiado al comportamiento de un dictador. Aunque se esté actuando de ese modo solamente para concre­tar una rastrera venganza política en la interna de su agrupación partidaria.