El presidente de la Cámara de Diputa­dos, ex gobernador de Paraguarí y ex intendente de Sapucai, Miguel Cue­vas, dijo el lunes 1 de octubre a los periodistas que solicitaría su desafuero como legislador para ser investigado por las nume­rosas acusaciones relacionadas con enriqueci­miento ilícito y lesión de confianza.

Claro, no dijo cuándo ni cómo pediría ser desaforado y una semana después de su afir­mación a los medios sigue campante en su cargo de legislador y presidente de la Cámara Baja. Por lo que parece, lo que afirmó a los comunicadores fue solo para salir del apuro ante las consultas, haciendo una promesa que no piensa cumplir.

También señaló que la investigación que se ha iniciado en la Fiscalía sobre su fortuna es pro­ducto de una supuesta “persecución política”, una remanida expresión para tratar de des­viar la atención sobre los hechos que se están investigando que son reales y deben ser acla­rados.

Si un funcionario, habiendo manejado fondos públicos por miles de millones de guaraníes, de repente se vuelve millonario, tiene que ser investigado, le guste o no, pues están en juego los fondos del Estado para los que contribu­yen los ciudadanos con sus impuestos. Está en juego el cumplimiento de las leyes. Para más, hay cargos muy concretos y graves contra su desempeño como administrador del dinero público sobre los que debe responder más tarde o más temprano.

Para defenderse y desviar la atención de la investigación, el diputado Cuevas ha dicho que se trata de una “persecución política”. Debe dejar de querer confundir y reconocer que su caso no es una “persecución política”, sino la persecución de un político por presuntos deli­tos cometidos, así como se debe perseguir a cualquier persona indiciada de haber come­tido actos punibles. Ningún ciudadano, por más prominente cargo que ocupe, está exento de ser investigado cuando sobre él caen sospe­chas de haber metido la mano en la lata, como se dice vulgarmente.

Ocupar un cargo público de confianza, como el de legislador, no es recibir una coraza de impunidad para ser protegido de responder por presuntos delitos cometidos y guarecerse de la persecución de la Justicia. Más bien es un compromiso para cumplir las leyes sin cor­tapisas y dar ejemplo de buena conducta para ser digno de la confianza ciudadana que le ha ungido con el cargo.

El diputado Cuevas no está por encima de la ley ni de las obligaciones que tiene como sim­ple ciudadano de responder ante las autori­dades competentes para que se esclarezcan actos sospechosos en su conducta, como el mal uso de los bienes y fondos públicos de que se le acusa.

Teniendo en cuenta esta realidad, los diputa­dos sin más trámite deben sacarlo de la presi­dencia de la corporación, porque no es saluda­ble para el buen nombre y la autoridad política y moral de la institución, que una persona indiciada de enriquecimiento ilícito esté al frente de la misma. Es más bien bochornoso y constituye un despropósito para tan impor­tante institución de la democracia represen­tativa. Porque debería estar presidida por los más preparados intelectualmente, de conduc­tas intachables y bien calificados moral y polí­ticamente.

El diputado Cuevas, que dice no temer a la Justicia porque es inocente, debe renunciar a sus fueros para ser investigado, si es que tiene palabra y quiere ser creíble. Si no es así, los diputados deben despojarle de los privilegios que posee como legislador para que la Fis­calía realice sus investigaciones y la Justicia haga su trabajo sin contratiempos para encon­trar la verdad. La ciudadanía está harta de los funcionarios inescrupulosos y necesita una prueba de que sus instituciones merecen su confianza.