El proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2019 ya está en el Congreso y debido a la nueva composición del producto interno bruto (PIB) actualizado por el Banco Central el déficit fiscal, en gua­raníes corrientes, será superior en alrede­dor de 150 millones de dólares al déficit de este año. Aunque no se sobrepase el 1,5% del PIB como establece la Ley de Respon­sabilidad Fiscal, el Estado podrá gastar más el año venidero con deudas sin colisio­nar con la norma. Pero de hecho esa nueva situación no resuelve ningún problema porque al país no le conviene hacer crecer cada vez más su pasivo sin que aumente en forma proporcional su capacidad de ingreso. De todos modos, existe el temor de que en el Congreso no se tome con la pru­dencia necesaria el tratamiento del plan de gastos y se vote un documento que no tenga el financiamiento necesario, como ya ocu­rrió en anteriores ocasiones.

Teniendo en cuenta esta situación, se hace necesario insistir en la mesura necesaria no solo al Poder Ejecutivo, sino principal­mente en este momento al Legislativo, que empezará a tocar los números del proyecto. Las actuaciones anteriores de los legisla­dores hacen presumir que no se respeten los topes y hagan del proyecto una ley que nadie podría bancar.

Sobre este punto hay que recordar lo acon­tecido el año pasado cuando se estudiaba el plan de gastos para el 2018, ocasión en que los legisladores, con total irresponsa­bilidad, elevaron el déficit fiscal al 2,8% del PIB. En esa oportunidad hicieron trizas lo dispuesto por la Ley de Responsabili­dad Fiscal que solo permite llevar el déficit hasta el 1,5% de producto del país, expe­riencia que se podría volver a repetir este año teniendo en cuenta el comportamiento habitual de muchos legisladores.

Técnicos del sector privado han llamado la atención sobre ello y han recomendado que ese aumento de 150 millones de dólares en el déficit se canalice hacia la realización de obras de infraestructura. Lo lamenta­ble sería que esa suma se utilice en gastos improductivos, como bien podría ocurrir con los incrementos que autoricen en el Congreso y que el Poder Ejecutivo no pueda impedir.

Algunos especialistas en finanzas han insistido en el estudio responsable del pre­supuesto, sobre todo teniendo en cuenta que la economía de nuestros dos principa­les países socios, Brasil y Argentina, hace pensar que tendremos un año muy compli­cado. La gran devaluación del peso argen­tino y la inestabilidad económica brasileña tendrán un indudable influjo en nues­tra economía, que solo con un prudente manejo desde el Gobierno se podrá contra­rrestar con algún éxito.

Tanto los industriales como lo directivos de los supermercados están advirtiendo que con la nueva situación regional va a recru­decer el ingreso de contrabando de merca­derías argentinas, lo que golpeará la recau­dación tributaria al disminuir las ventas de los negocios legales. Y, por consiguiente, si no suben o más bien declinan las recau­daciones impositivas, el déficit del Estado podría empeorar.

El proyecto de presupuesto para el año entrante es 9% más elevado que el apro­bado por ley para el 2018, por lo que ya tiene un aumento que habrá que cubrir. Y si los legisladores elevan aún más los gastos, como es probable que ocurra, puede llegarse a un presupuesto desfi­nanciado.

Por ello es fundamental que el Poder Legis­lativo no incremente el gasto público en el presupuesto en estudio y se maneje con la prudencia que aconseja la experiencia para la buena marcha del país.