En vísperas de la redacción final de la ley del proyecto de Presu­puesto General de la Nación para el 2019, la nueva administración estatal está aumentando las cifras de gas­tos ante la angurria habitual de los dis­tintos organismos estatales, por lo que es una incógnita el monstruo de números que nos espera para el año entrante. El Poder Ejecutivo sabe que, si va a cumplir la Ley de Responsabilidad Fiscal, el déficit fis­cal no puede llevar más allá del 1,5% por lo que no puede inflar alegremente los egre­sos previstos si no tiene una estimación de aumento de ingresos de la misma propor­ción. No puede cometer el error de abultar desmesuradamente los gastos previstos para complacer a su clientela sin caer en el riesgo de cometer una grave falla admi­nistrativa y legal. Por consiguiente, debe seguir los parámetros ya preparados res­ponsablemente por el equipo del Ministe­rio de Hacienda desde abril pasado hasta la asunción de las nuevas autoridades, el 15 de agosto.

Todos los aumentos imprevistos en la matriz inicial que se establezcan en el plan de gas­tos para el 2019 van a impactar negativa­mente en la estructura administrativa y financiera del Estado paraguayo, con con­secuencias ahora imprevisibles. Por lo cual no está demás aconsejar la máxima pruden­cia en el manejo del proyecto presupuesta­rio para que los gastos no se desmadren y tengamos un Estado altamente deficitario con todo lo que ello implica para el país y su equilibrio macroeconómico.

No se conocen aún muchos detalles sobre el proyecto que se deberá presentar mañana a más tardar al Congreso Nacional. Pero ya se tienen algunos datos alarmantes que dan pie a un justificado temor.

Entre los incrementos en el plan de gastos para el año venidero no previstos inicial­mente están los aumentos salariales con­cedidos recientemente a los educadores cuyo monto se estima es el equivalente a 100 millones de dólares. No se sabe hasta ahora de dónde saldrá esta suma. Lo más probable es que provendrá de recortes al presupuesto de otras instituciones, por lo que habrá un impacto negativo en algunos organismos estatales. Resulta que como los salarios son gastos rígidos, que no se pueden dejar de pagar, se tendrá que hacer recortes en las inversiones o gastos de capi­tal, que sí se pueden cercenar. Esto signi­fica que alguna otra institución tendrá que resignar dinero para el pago del aumento salarial a los educadores, lo que podría afectar negativamente a instituciones de ayuda y promoción social de alto impacto en la población necesitada.

Este es el principal punto crítico que tiene el proyecto de presupuesto que no se puede ignorar y que, por el contrario, merece una previsión responsable.

El proyecto prevé otras alzas salariales para el año entrante, como el 3,5% para los empleados públicos que ganan el mínimo y el 8% para los funcionarios de Salud Pública. Pero estas partidas de gastos ya están con­templadas en el documento preparado ini­cialmente y, por consiguiente, tienen su contrapartida de ingresos con que se las financiará sin golpear el bolsillo de ninguna institución.

Desde el 2013 al 2018 el aumento acumu­lado del presupuesto estatal ha sido del 26,4% comparado con la inflación acumu­lada del 2013 al 2017, que es de 20,84%. Esto representa un alza en términos reales de apenas 5% de los gastos públicos en el quin­quenio, lo que habla bien del Gobierno ante­rior, que, a pesar de las presiones de toda índole, mantuvo con prudencia los gastos y no permitió que el déficit fiscal creciera más allá de lo que aconsejan las normas de buena administración.

Este es el espejo en el que se debe mirar la nueva administración para que el país siga con su preciado equilibrio fiscal y solidez macroeconómica, tan admirados por otras naciones.