Uno de los principales sindicatos de docentes del país había ame­nazado al nuevo gobierno con la primera huelga programada para hoy, 29 de agosto, exactamente al cumplir dos semanas del inicio de su tarea. La idea de los sindicalistas era darle el primer golpe de entrada a la novel administración para hacerle sentir su peso si no les daba un 16% de aumento salarial. Obviamente, como en todas las medidas de fuerza de los gremios docentes, usando como rehenes a los estu­diantes de todo el país que nada tienen que ver en el tema y que serían de nuevo vícti­mas de este tipo de acostumbrada lamenta­ble extorsión.

El nuevo gobierno, con un ministro sin experiencia y emparentado políticamente con el presidente del gremio de la Federa­ción de Educadores del Paraguay (FEP), accedió prontamente con una candidez digna de mejor causa. Ante la primera pre­sión gremial ya aceptó y tuvo que usar rápi­damente la calculadora para abultar en el equivalente a 100 millones de dólares el pro­yecto de presupuesto estatal que se prepara para el 2019, sin importarle mucho si existe ese dinero y si ese aumento no implicará recortar los gastos para otras instituciones y proyectos que requieren fondos con mayor urgencia y necesidad. Como dijera alguien que conoce el tema, el ministro Eduardo Petta actuó de abogado de la causa del sindi­calista Silvio Piris, su compañero de facción partidaria, ante el Ministerio de Hacienda. Y así consiguió un 13% de aumento que rápi­damente se incluyó en el proyecto de presu­puesto estatal.

Resulta esto un triunfo político y económico sensacional de los sindicalistas que no tie­nen escrúpulos para usar a los estudiantes como rehenes de sus apetencias y un espal­darazo importante para el dirigente sindical devenido en político, que tiene denuncias de sus pares en la Justicia por acusaciones de estafas a educadores del interior.

Constituye también una victoria para el movimiento Colorado Añetete, al que per­tenece el gremialista Piris que, como líder partidario, es a su vez consejero departa­mental de Itapúa y ahora preside la corpo­ración legislativa del Sur. Está claro que su pertenencia al mismo movimiento parti­dario del ministro Petta y del presidente de la República pesó a la hora de conseguir el aumento.

Representa además un agujero prematuro al proyecto de ley del Presupuesto Gene­ral de la Nación, que Hacienda debe pre­sentar al Congreso a más tardar el viernes venidero. Además de eso, con este y otros incrementos en el plan de gastos para el 2019, el Gobierno está amenazando grave­mente engordar el déficit fiscal para el año entrante, que con estos agregados podría superar el límite legal del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Al margen de que los educadores puedan merecer un mejor salario, hay que tener en cuenta que es uno de los grupos más privile­giados en los aumentos de los últimos años por encima de cualquier otro de la función pública.

No hay que olvidar que, en los últimos cinco años, uno de los ministerios del Ejecutivo que más incrementos ha recibido en su plan de gastos, por su importante papel, es el Ministerio de Educación y Ciencias. El pre­supuesto para esta secretaría de Estado tuvo un alza del 53% en el último quinquenio, pues de 4 billones 160 mil millones de gua­raníes que se le asignaba en el 2013 trepó a 6 billones 366 mil millones de guaraníes en el 2018.

Pero uno de los asuntos más cuestionables en la situación que ha desembocado en esta alza de sueldos es la utilización de los niños y jóvenes en edad de estudiar, a quienes los sindicatos de educadores usan como rehenes en su extorsión al Gobierno y a la sociedad. Es algo inaceptable en una sociedad civili­zada y, como tal, merece ser repudiado con toda la fuerza.