Una reciente gira del ministro del Interior, Juan Ernesto Villama­yor, por la zona norte del país donde está instalada la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) ratificó la inten­ción del nuevo gobierno de seguir apostando por mejorar las condiciones de las distintas dependencias policiales del país. Una inicia­tiva que ya había comenzado con la adminis­tración anterior, que fue una de las gestiones que dedicó más recursos a la infraestructura y a las mejoras dentro de la Policía Nacional en los últimos años.

No cabe duda de que seguir la línea tra­zada por el gobierno anterior en cuanto a la inversión en sus fuerzas públicas deter­mina no solamente las intenciones que tiene la flamante administración de Mario Abdo Benítez, sino que muestra un gesto político de respaldo hacia el cuerpo de seguridad interior más importante del país: la Policía Nacional.

Lo hace porque tiene el firme compromiso de dotar de más estructuras y equipos a las fuer­zas del orden, ya que los distintos gobiernos tras la larga dictadura de Alfredo Stroessner han comprendido, en mayor o menor medida, que la ciudadanía requiere de protección y de servicio, aspectos en los que trabajan los poli­cías todos los días, los 365 días del año.

Desafortunadamente, el crecimiento pobla­cional y el estancamiento económico que hubo en varios pasajes de la historia reciente del país han también multiplicado los nive­les de criminalidad, además de soportar una creciente corrupción interna de las fuerzas policiales. A esta ola delictiva había que res­ponder con acciones más concretas de parte del Estado, que no solamente tenía un con­tingente numeroso, sino también poco entre­nado y carente de equipos apropiados.

Desde la administración anterior se ha insis­tido justamente en dotar a las fuerzas policia­les de la estructura necesaria, de los equipos y suministros así como del entrenamiento más apropiado para poner en condiciones a todo el estamento.

Por eso, la promesa de lograr más amplia­ciones, mejoras y remodelaciones edilicias de diversas comisarías y sedes de la Policía Nacional, tal como lo hiciera la administra­ción Cartes, así como invertir en más recur­sos técnicos y equipos no solo en el Norte, sino en el resto de la geografía patria, no puede ser menos que recibida con beneplá­cito debido a las enormes responsabilidades que tienen los agentes del orden.

Un ejemplo de cómo una idea –aunque ins­pirada en el exitoso modelo panameño– bien desarrollada y operativizada puede tener resultados a favor de la ciudadanía es la Uni­dad de Operaciones Tácticas Motorizadas (Grupo Lince), que ha tenido una enorme repercusión y aprobación ciudadana por los resultados contra el crimen. Esta unidad es la prueba de que el Estado todavía puede dar respuestas verdaderas y efectivas contra el crimen, especialmente aquel que reviste características cotidianas y que produjeron que en el pasado la sensación de inseguridad se viviera en las calles.

Las mejoras en las comisarías del interior serían entonces la segunda etapa de una que ya se inició con las mejoras en varias legaciones de la capital y el Área Metropoli­tana. De hecho, varias comisarías y depen­dencias, así como el Policlínico Rigoberto Caballero, entre el 2017 y el 2018, fueron beneficiados con aportes realizados por Itaipú Binacional, que rondaron los 9.500 millones de guaraníes.

Una de las funciones primordiales que debe brindar el Estado es la seguridad, que solo va a darse en la medida que haya normati­vas adecuadas, entrenamiento constante e inversión. Solamente de esta manera la Poli­cía Nacional podrá modernizarse y cumplir mejor con su rol constitucional de velar por la seguridad de todos los paraguayos.