Algunos funcionarios que ocupan cargos importantes en ciertos ministerios del Poder Ejecutivo se han sorprendido al inicio de la semana al recibir una circular emanada de la más alta autoridad de la repartición, que los obliga a poner a disposición sus cargos respectivos en el plazo de 48 horas. El hecho parecería normal y corriente, pero lo que les extraña y alarma a estos empleados públicos es que teniendo las autoridades ministeriales potestad y autoridad para hacer los cambios que deseen en los cargos de confianza, a través de resoluciones o decretos, los estén obligando a renunciar a través de una circular.
La pregunta que se ha hecho más de uno es si no se trata esto de una especie de caza de brujas que emprenden algunas dependencias del nuevo gobierno para perseguir a funcionarios por haber sido nombrados en esas responsabilidades por el anterior.
La Circular N° 1, del 20 de agosto, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, firmada por el ministro Arnoldo Wiens Durksen, dice: “Los señores viceministros, directores y gerentes de proyectos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones deberán poner a disposición del gabinete del ministro sus respectivos cargos, en el término de 48 horas, a partir de la recepción de la presente circular”.
Teniendo en cuenta situaciones que se han dado en otras entidades, como en el caso de la Policía Nacional, algunos afectados han expresado su justificado temor, pues no le encuentran razón para que se actúe de una manera descabellada en un asunto tan simple y rutinario para la función pública como remover personas de cargos de confianza.
Una circular es un instrumento para comunicar un determinado mensaje a un círculo de personas, sea de una institución o de una sociedad bien definida. No tiene ningún valor jurídico ni peso legal para obligar con ello a que ciertos funcionarios, que tienen su dignidad de personas y sus derechos, renuncien, que es el término que corresponde a la expresión “poner el cargo a disposición”.
Teniendo en cuenta que lo que se quiere hacer con una circular es solo divulgar una información a un grupo de personas y no obligarles a dimitir, se puede pensar que detrás hay otro propósito no declarado. Y es que con estas comunicaciones se pretende intimidar inapropiadamente a los funcionarios del Estado.
Porque si son viceministros, jefes de departamentos y gerentes de proyectos a los que se quiere remover, el ministro, de Obras Públicas en este caso, debe emitir una simple resolución ministerial o un decreto del Poder Ejecutivo para hacer los cambios que corresponden. No hace falta enviar a los funcionarios un pedido de dimisión generalizado.
La Ley 1.626/2000 “De la Función Pública” es muy clara sobre la remoción en los cargos de confianza, cuando en su Art. 8 dispone que quienes ocupen tales funciones podrán ser removidos por los que estén facultados para ello, como el ministro, en este caso. Que los funcionarios que hayan sido promovidos a ocupar estos cargos conservan los derechos adquiridos con anterioridad al nombramiento. Y cuando se remueve de un cargo de confianza a un funcionario con estabilidad, el afectado puede volver a las funciones anteriores o ser indemnizado por despido sin causa.
En vista de lo mencionado, no se puede entender el propósito de esta comunicación del MOPC u otras notas conocidas, a menos que se quieran hacer purgas como las que acostumbran los gobiernos autocráticos, que no creemos esté en la mente de las nuevas autoridades. Por ello, es aconsejable que los ministros que procedieron de ese modo se rectifiquen y actúen como corresponde a una sociedad en la que no se persigue a nadie por su manera de pensar ni por su bandera política.