El debate sobre una renovación del sistema de justicia país está instalado desde hace mucho tiempo en la República. A nadie escapa que la actual administración de justicia se caracteriza por su lentitud y burocracia, además de una fuerte influencia del sector político y de intereses económicos.
Distintos gobiernos propulsaron gestiones limitadas –no exentas de insuflar sus propios intereses– para hacer posible una transformación en el Poder Judicial que "pulverizara" a los malos elementos en la máxima instancia judicial del país.
Hoy, que está próximo a abrirse un nuevo período parlamentario –primeramente– y luego la asunción de Mario Abdo Benítez como presidente de la República, el debate sobre las reformas que deben hacerse en la Justicia vuelve a estar presente en la opinión pública.
Y nuevamente la clase política toma la delantera. En la semana que concluyó ayer, diversos actores han planteado asuntos tan complejos y difíciles, como la reforma de la Constitución con una agenda amplia de temas a tratar; incluidos, claro está, los cambios en el sistema de administración de justicia.
Así, dos viejos estrategas como Juan Carlos Galaverna, por la ANR, y Blas Llano, por el PLRA, dos legisladores de peso y bagaje en el Congreso, incluso ya hablan de que en el próximo período es fundamental llevar adelante una reforma de nuestra Carta Magna. El propio Abdo Benítez también reforzó esta idea al ratificar su intención de renovar la Justicia, un ítem que el mandatario electo incluyó entre sus prioridades.
Si bien es cierto que el Paraguay necesita de magistrados, jueces, fiscales y funcionarios probos e idóneos, que trabajen de manera eficaz, administrando verdaderamente justicia, esta iniciativa debe estar acompañada de cerca por aquellos ejecutores de las leyes, los que día a día se encargan de impartir equidad e igualdad. Estos son, precisamente, los integrantes del Poder Judicial. Pues son ellos los que conocen cuáles son las virtudes y las bondades del esquema actual así como también –sin temor a decir– cuáles son los vicios más recurrentes que surgen en los pasillos de los tribunales.
Una opinión que debe ser escuchada por tratarse de una reconocida jurista, que sirvió durante más de 40 años en los tribunales, en donde ejerció todos los cargos conocidos hasta llegar a la Corte Suprema, es la de la actual vicepresidenta de la República, Alicia Pucheta, quien tiene una clara visión de cuáles son los problemas que aún hoy arrastra la casa de Astrea.
Según la ex presidenta del máximo tribunal, hubo pocos avances en este poder del Estado en razón de que el presupuesto para llevar adelante avances en materia judicial fue limitado o exiguo; mientras no haya un respeto real a los recursos que debe disponer el sistema judicial, difícilmente habrá una justicia expedita y barata. También se muestra a favor de oralizar los procesos en todas las instancias y en todos los fueros, lo que definitivamente ayudará a eliminar la morosidad y de paso también contribuir con una mayor transparencia en los casos que se procesan.
No debe haber un solo paraguayo que no desee un Paraguay con justicia transparente, expeditiva y accesible; pero los caminos para llegar a ella deben ser claros, precisos y con una enorme voluntad política de los afectados. Los paraguayos miramos al futuro con cierta desconfianza cuando de justicia se habla. Es un ámbito clave en el funcionamiento de una República y por ello es menester que los protagonistas (representantes de poderes del Estado, la clase política comprometida y ciudadanía entera) trabajen por el bien del país, despojándose de intereses sectarios o personales. La República se los agradecerá.