Como ocurre todos los años a esta altura del calendario, asistimos a la habitual escaramuza entre las cámaras del Congreso y el Poder Ejecutivo por la elaboración final de la ley de Presupuesto General de la Nación para el año entrante. Igual que en esas películas que ya hemos visto más de una vez, las alternativas del encuentro ya las conocemos, aunque en este caso el final no se puede predecir. Por un lado, la sobriedad en la distribución de gastos para no ir más allá de las posibilidades de recaudación que encarna el Poder Ejecutivo y, por el otro, los legisladores con su costumbre de agregar siempre más erogaciones sin importar la finan­ciación en un irresponsable afán de complacer caprichos de politiqueros.

Por la necesidad que tienen las instituciones del país de conducirse ecuánimemente y, sobre todo, por la importancia de atender los gastos ineludibles, más que nunca es necesario pre­dicar la cordura. No se trata de complacer al Poder Ejecutivo ni de contrariar a ciertos secto­res del Legislativo, sino de que el poder admi­nistrador tenga los recursos y pueda usar los mecanismos adecuados para la buena marcha del país, sin turbulencias ni quebrantos como ha ocurrido en el pasado.

El temor y la aprensión de que los vaivenes de la política partidaria aumenten la posibilidad de una actuación irracional en el Congreso no son gratuitos. Estamos en pleno período preelecto­ral y el momento justo en que la clientela de los legisladores presiona para obtener sus benefi­cios económicos.

Como ha señalado el Equipo Económico Nacio­nal (EEN), el organismo que reúne a las entida­des que tienen la responsabilidad de Adminis­trar la economía y las finanzas del país, con sus decisiones el Congreso no debe afectar los com­promisos del Estado en materia social e inver­siones para el 2018. Porque si los legisladores se ponen a dar todos los aumentos salariales que los distintos sectores piden, necesariamente se perjudicará a inversiones sociales muy impor­tantes y ciertos gastos relevantes para el país.

¿Por qué ha dicho eso el Equipo Económico? Porque si la capacidad de pago es rebasada con la inclusión de aumentos en los gastos rígi­dos, como son los salarios, se tendrá que sacar dinero de los gastos sociales y las inversiones, que no son gastos rígidos. Pues según el ordena­miento presupuestario, los salarios son gastos que no se pueden dejar de pagar en tanto que los gastos sociales e inversiones pueden dejarse de lado si no hay dinero con qué financiarlos.

En consecuencia, si se da el caso, lo que puede ocurrir es que con el dinero con que se finan­cian programas sociales de gran relevancia humana como Tekoporã, Tenonderã, pensión de adultos mayores se paguen los aumentos salariales no previstos. Y de ese modo se per­judique dejando en la calle sin asignaciones a los más necesitados, que son las familias en extrema pobreza y los ancianos desamparados.

Así de simple, de dolorosa y de injusta podría ser la situación.

El Equipo Económico lo ha dicho de modo elo­cuente: "Cualquier aumento del gasto salarial o gasto rígido con ingresos tributarios (que deben pagarse obligatoriamente a fin de mes) implica no cumplir con los compromisos sociales y de inversión ya previstos en el proyecto, los cuales son de carácter sensible y de impacto directo en la ciudadanía".

Es de esperar que el buen sentido y la responsa­bilidad no sean ajenos a nuestra clase política y se hagan negociaciones inteligentes con los téc­nicos del Ministerio de Hacienda para encontrar una solución que no perjudique a nadie sin dejar de atender las justas demandas de ciertos secto­res de funcionarios. No se debe llegar al extremo al que se arribó el año pasado cuando por la irresponsabilidad de algunos sectores el Ejecu­tivo tuvo que vetar la ley de Presupuesto General de la Nación sancionada por el Congreso.

Lo ideal sería que la clase política aprenda de los errores cometidos y en esta ocasión se llegue a un feliz puerto mediante la decisión inteligente y la negociación adecuada. El país se lo merece, pues el pueblo paraguayo necesita seguir con el rumbo de desarrollo que se ha emprendido desde el Gobierno.