Luego del veto presidencial a la ley de subsidio que fuera aprobada sin un análisis serio y profundo de la problemática real del campesinado paraguayo y las soluciones que serían más acertadas, es importante que las instituciones del Estado, las organizaciones civiles y la sociedad toda asuman el compromiso del diálogo.

No estamos hablando de un diálogo que postergue las ansiadas soluciones a una problemática que nadie desconoce y que merece respuestas claras y serias. Tampoco de una tediosa y larga etapa en la que se pierda el tiempo en discusiones abstractas y sin vinculación con la realidad por la que atraviesa uno de los sectores más postergados durante largas décadas del país: los pequeños productores del campo.

A través de los representantes de las instituciones del Estado, vinculadas a la administración de la economía y el apoyo al trabajo en el campo, el Poder Ejecutivo ha llamado nuevamente a retomar la mesa de diálogo instalada el año pasado de manera a presentarles las alternativas de refinanciamiento de sus deudas que tiene preparado el Gobierno. La ministra de Hacienda, Lea Giménez, indicó que hay un listado de planteamientos ante el pedido de condonación, pero los líderes campesinos no le dieron la oportunidad de exponerlos.

Según la propia titular de Hacienda lo explicaba en los medios, la ley vetada por el presidente de la República el viernes próximo pasado, es un cúmulo de falencias que no podrían ser administradas con el objetivo de ayudar a quienes realmente necesitan apoyo para salir de la situación de crisis, además de ser inaplicable pues no se plantea en ella ni la fuente de financiamiento de la que provendrían los fondos destinados a cubrir las supuestas deudas.

Cometer errores tan grandes en la administración de los fondos públicos, solamente por ganar adhesiones políticas circunstanciales en vistas a las elecciones del 2018, es una enorme irresponsabilidad que han aprovechado representantes de diferentes signos políticos para realizar una maniobra electoralista, sin pensar en ningún momento en dar verdadera solución al sector campesino, sino en recoger ellos mismos la abundante cosecha de un posible triunfo electoral para abandonar luego a su suerte a quienes los apoyen, ilusionados por la posibilidad de alcanzar la solución a su drama, que de la manera planteada en dicho proyecto de ley, sería realmente imposible, de acuerdo lo han manifestado diversos especialistas.

La seriedad de una mesa conformada por todas las partes involucradas en la problemática del campo, es una necesidad impostergable, además de un compromiso que debe asumirse con patriotismo. Un patriotismo genuino que aleje los vientos de la discordia y evite la violencia que solo genera dolor y luto innecesariamente.

Dialogar no es ceder, es negociar los mejores términos y las soluciones más realistas. Es sentarse a buscar soluciones a corto, mediano y largo plazos. La situación del sector campesino amerita un análisis serio que incluya una mirada inclusiva y con una planificación clara que apoye el trabajo duro con créditos, pero también con asistencia técnica, mecanización y programas que se realicen de verdad, más allá de los papeles.

La violencia nunca será el camino que lleve alivio a quienes realmente necesitan dejar de ser los marginados del progreso y los que siempre son utilizados por quienes solo pescan en el río revuelto de las crisis para empoderarse y sacar partido de los menos favorecidos, sin brindarles las soluciones reales a sus problemas.

Ojalá que todos los sectores involucrados en esta crisis, puedan caminar por la senda de la razón y del diálogo, para que encontrar las ideas y las soluciones que beneficien a todos los paraguayos de bien.