Guilford es un pacífico distrito en los suburbios de Londres. Pero a mitad de 1975 un dramático evento marcó a esta localidad y a un reducido grupo de cuatro personas que tuvo que lidiar con un montaje policial-judicial en búsqueda de la libertad.
“Los cuatro de Guilford” habían sido acusados de haber cometido un atentado con bombas en dos pubs de esta localidad en el que murieron siete personas. La policía, que no tenía dudas que estos jóvenes irlandeses habían sido los autores ya que pertenecerían al IRA, logró que los mismos sean condenados por la justicia.
Inocentes como eran, liderados por Gerry Conlon, iniciaron una batalla judicial que se extendió por varios años hasta que finalmente los tribunales tuvieron que admitir que hubo negligencia y montaje de pruebas por parte de la policía. Esta larga batalla judicial de Conlon y sus amigos fue plasmada por el director Jim Sheridan en el magnífico film “En el nombre del padre”, de 1993.
Salvando las distancias físicas y materiales en relación al hecho punible que dio origen al caso británico (un hecho de terrorismo no es lo mismo que un robo simple), en Paraguay ocurrió esta semana un hecho sumamente llamativo y que no deja de ser preocupante. Un hombre fue detenido por agentes de la Policía Nacional porque supuestamente tenía un parecido con uno de los sujetos que había entrado a robar a una vivienda y cuyo rostro había sido captado por el circuito cerrado.
El hombre en cuestión negó que haya sido él, pero para la Policía había elementos (un dudoso parecido físico con el autor así como unas gafas que eran parecidas a las que utilizaba el ladrón) para su arresto y para ponerlo a disposición de la Fiscalía. Aunque por las fotos divulgadas de ambos era evidente que el joven detenido no era ni mínimamente parecido al delincuente, igual el acomodo hizo que siguiera el proceso.
El Ministerio Público, en tanto, antes que dar una solución definitiva quiso evitar profundizar el bochorno –aunque no lo logró del todo–, pues dispuso su libertad ambulatoria, pero ligado aún a la causa “por si acaso”.
Este caso es grave pues desnuda las peligrosas falencias que posee el esquema investigativo en el que trabajan, o al menos deberían trabajar, policías y agentes fiscales para dar con los verdaderos responsables de un ilícito. Y es grave también porque no se trataría solamente de un hecho aislado y displicente sino una práctica que se realiza con frecuencia, como una forma de mostrar reacción.
Que estos hechos puedan repetirse, o al menos que no son aislados, indica que poco se ha avanzado en nuestra joven democracia sobre el afianzamiento de la estructura policial-judicial cuando de actuaciones legítimas se trata.
Arropar de legalidad una intervención por el simple hecho de existir una fuerte presión social no sólo revela que los agentes del orden no comprenden la naturaleza de su función, sino que se acercan de manera arriesgada a prácticas que se cometían durante el régimen de Alfredo Stroessner, cuando lo que menos importaba era si había una prueba contra un acusado.
Atrás han quedado esos años en que la mera sospecha, o pensar diferente, era suficiente elemento para ejecutar un arresto, envolviendo el procedimiento en legalidad. Desde el gobierno, a través de sus distintas dependencias, con el apoyo de organizaciones privadas locales y extranjeras trabajan de manera sostenida para acabar con este tipo de prácticas que degradan los derechos fundamentales y exponen al Estado a demandas innecesarias de resarcimientos, en muchos casos millonarios.
Una sociedad que está expuesta al discrecional arbitrio de autoridades que actúan con displicencia es una sociedad que vive insegura ante estos excesos. Por eso, es menester que las fuerzas públicas basen sus actuaciones en la ley y sin ningún tipo de duda razonable para proceder a detenciones.
En el Paraguay todos queremos que esto que ocurrió con el “error” policial se quede en la anécdota de un hecho aislado y no que se convierta en procedimientos de rutina.