La palabra libranza, originariamente, en español, era una palabra libertaria, proveniente de librar, liberar. Aun persiste ese significado en el diccionario, aunque aclara que "en desuso".

El que está en uso hoy en día es: "Orden de pago que se da, ordinariamente por carta, contra alguien que tiene fondos a disposición de quien la expide, la cual, cuando es a la orden, equivale a la letra de cambio".

La confusa y hasta hermética redacción del mismo diccionario nos da una idea de la trampa idiomática que ampara una trampa económica, una emboscada para atrapar incautos, y esquilmarlos.

El cambio, al uso de los tiempos, ha sido radical: de la libertad a la esclavitud, de la tiranía "de una orden de cambio", es decir, del encadenamiento contraído por una deuda, que puede esquilmar al trabajador incauto hasta el 65% del salario que debería cobrar cada fin de mes y que se verá reducido por obra y gracia de la ley de marras que legisla insólitamente el saqueo del salario.

De hecho, hay un antecedente, sin aprobación de la ley, que ha hecho sufrir bastante a uno de los gremios de trabajadores más sufrido, el de los docentes; muchos de los cuales se han encontrado con que, en base al encandilamiento de ofertas empresariales aparentemente generosas, se encuentran a fin de mes que su sueldo ya ha sido confiscado y no tienen cómo afrontar el próximo mes, con un presente y un futuro de hambre, para ellos y sus familias.

En este caso, el Ministerio de Educación ha tenido una actuación decidida y el Gobierno ha asumido las deudas, a través del Banco de Fomento, para refinanciarlas y evitar la catástrofe de numerosas familias, cuyos salarios han sido confiscados por falsa ofertas, por mentirosas ofertas, por la distorsión de la palabra libranza, convertida en un cepo para atrapar a incautos, y hasta a legisladores que le han dado curso.

Es un hecho positivo que el Gobierno se haya hecho cargo de las deudas generadas por los usureros mafiosos, para evitar una verdadera debacle de trabajadores expoliados de sus salarios, pero solo coyunturalmente, ya que no se puede aceptar que, a fin de cuentas, los "corsarios" salgan ganando y que el país tenga que hacerse cargo de sus operaciones económicas usureras.

Es un paso adelante que el Senado haya rechazado la desquiciada ley, y es de de esperar que los diputados, a cuya cámara retorna, la lean ahora con más detenimiento y le den el único curso legal correspondiente: el basurero.

Pero es importante también que al tema se le otorgue un tratamiento un poco más serio del que ha tenido hasta ahora, pues resulta preocupante que tanto la práctica, sufrida ya por los docentes, como el proyecto de ley hoy en cuestión, terminen en la impunidad. Es fundamental, en aras de la justicia y de la sagrada protección del derecho de los asalariados, se investigue a las empresas que aplican estos sistemas usurarios, terminantemente prohibidos por la Constitución y las leyes de la República, del que ya han esquilmado a trabajadores y sacado un buen provecho.

En cierta medida, con la carátula de un "negocio" se ha lucrado con dinero de los trabajadores y el Estado ha tenido que asumir deudas espureas; es decir que el delito de la "estafa" sigue impune y ha sido rentable. Lo justo y necesario es que se investiguen estos procedimientos que atentan contra principios consagrados por la Constitución y las leyes para garantizar que los trabajadores y sus familias gocen de una remuneración que le asegure a ellos y a sus familias una vida digna.

Es fundamental garantizar mandato de las leyes que protegen el bienestar de los trabajadores, y evitar que las garantías a la libertad se conviertan por el mal arte de la mercadotecnia engañosa en liberticidas.