Nicanor Duarte Frutos, director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), fue beneficiado con una medida cautelar emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia mediante la cual se suspenden los artículos que habilitan a la Contraloría General de la República (CGR) a auditar todos los gastos de la hidroeléctrica.

La acción de inconstitucionalidad respecto a la Ley 6763/21 fue promovida por Duarte Frutos luego de la promulgación de dicha legislación en julio del año pasado. Esta establece los mecanismos y procedimientos por los cuales el órgano contralor tiene potestad de realizar por lo menos dos auditorías al año a Itaipú y Yacyretá en cuanto a sus gastos financieros, en obras y al patrimonio en sí de las binacionales.

Esta medida favorable solo para Yacyretá establece un impedimento a la auditoría de todo tipo de gastos de la hidroeléctrica, lo que también incluye los fondos sociales de la binacional, cuyos gastos han sido resguardados a capa y espada por Nicanor con la intención de evitar transparentarlos.

La medida cautelar fue firmada en la jornada de ayer, lunes 14 de febrero, por los ministros Alberto Martínez Simón, César Diesel y Víctor Ríos y suspende a los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 6763/2021, la que incluso habilitaba a la Contraloría a solicitar una intervención judicial en caso de que las hidroeléctricas no provean los documentos requeridos por el ente de control.

Con esta resolución, la Contraloría queda sin posibilidad de realizar intervenciones en Yacyretá, lo que favorece a su director Duarte Frutos, siempre se ha mostrado reacio a transparentar su cuestionable gestión. Nuestro medio ha evidenciado la larga lista de irregularidades como contratos de obras, compras y contratación de servicios de la binacional adjudicados a parientes y amigos, indicios de sobrefacturación, etc.

“Esta ley disponía el control por parte de la Contraloría de las cuentas nacionales, así como lo dispone la Constitución. Entonces en principio con esta resolución, que es una medida cautelar, hoy mismo no podríamos auditarle a Yacyretá”, expresó el asesor jurídico de la CGR, Darío Ortega, quien además explicó que esta acción beneficia solo a quien la promueve, en este caso Yacyretá.

Cabe destacar que Itaipú también promovió una acción de inconstitucionalidad respecto a esta ley, pero la Corte aún no se ha pronunciado sobre este pedido.

La excusa que siempre ha utilizado Nicanor para evitar rendir cuentas sobre sus gastos en Yacyretá fue el argumento del tratado internacional, hecho que supuestamente les prohíbe develar en qué se gasta.

Investigaciones de este medio dejaron al descubierto que Nicanor contrató a la productora en la que trabajaba su hijo para realizar trabajos audiovisuales. En apenas siete meses, entre diciembre del 2018 y julio del 2019, la firma La Aldea SA se alzó con G. 482 millones.

También este medio se hizo eco de una millonaria compra de la binacional. En medio de la pandemia y en el momento en que la ciudadanía clamaba por camas en los hospitales, Nicanor decidió comprar cámaras por sumas millonarias y a precios inflados para un pequeño municipio en Misiones.